La reciente promulgación por parte de la presidenta Dina Boluarte de la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000; apenas una semana después de su regreso al país, ha desatado una ola de críticas y condenas, siendo calificada como un «hecho muy grave» y un «desacato abierto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos» (Corte IDH).
El exministro del Interior, Gino Costa, señaló a Radio Uno que la Corte IDH había solicitado al Estado peruano abstenerse de promulgar dicha norma hasta una reunión programada para el 21 de agosto, donde se discutiría su compatibilidad con los compromisos internacionales de Perú con las víctimas, sus abogados y representantes del Estado. La decisión de la presidenta de firmar la ley antes de esta fecha ha sido interpretada como un acto de «desacato abierto«, marcando el cuarto incumplimiento de esta naturaleza durante el gobierno de la señora Boluarte.
Costa enfatizó que la ley beneficia a personas ya condenadas y a quienes están siendo procesadas por graves violaciones de derechos humanos del pasado, hechos cuya investigación y enjuiciamiento han sido «muy costosos» debido a la falta de colaboración de gobiernos y autoridades. Para el analista, esta es una «cachetada al sistema interamericano y una cachetada a los peruanos», dejándolos «desprotegidos» ante futuras violaciones de derechos.
La presidenta Boluarte, en su discurso al promulgar la ley, la calificó como un «mensaje de paz» y la enmarcó dentro del ámbito jurídico nacional e internacional, defendiendo la soberanía del país. Sin embargo, Gino Costa refutó esta postura, explicando que Perú, como estado soberano, voluntariamente suscribió el Pacto de San José y aceptó la jurisdicción de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, la Constitución peruana incorpora los compromisos internacionales de derechos humanos con rango constitucional, obligando al respeto de las decisiones de tribunales internacionales como la Corte IDH. De este modo, al ser parte del sistema, aprobar leyes que contradicen las normas internacionales requiere que el país acepte los recordatorios y cumpla con las decisiones de la Corte, en lugar de desacatarlas.
Gino Costa finalizó la entrevista contradiciendo la noción de que esta ley promueve la paz, afirmando que «no hay paz, no hay unidad sin justicia». Recalcó que la única forma de construir unión nacional y paz es respetando la Constitución y permitiendo que la justicia actúe, especialmente en casos de delitos graves e imprescriptibles.
Dina Boluarte promulga ley de amnistía e ignora pedido de la CIDH