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La Esperanza exige no ser condenada a la delincuencia

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En el distrito Alto de la Alianza, el pueblo joven La Esperanza celebra 63 años. Con motivo de la fecha una nutrida agenda de actividades ha ido desarrollándose, entre estas la elección de la flamante reina Gabriela Maita, y hoy sábado 16 se realizará la gran serenata, que contará con la participación de reconocidas orquestas como Los Rebeldes de la Cumbia, Los Amigos de Santino, la banda de rock Amareto, Un Charro y, cerrando con broche de oro, Los Rivales de Corazón.

El presidente Luis Zegarra más allá de los festejos, también enfatizó los reclamos de sus vecinos que exigen seguridad, ornato y mejora de las calles. Calles como Haití, Panamá, Cahuide y la plaza José Olaya son puntos críticos. Se ha solicitado al jefe de Seguridad Ciudadana un cambio en las estrategias de seguridad, ya que los métodos tradicionales y convencionales no están funcionando.

«No es posible que siendo capital del distrito estemos condenados a la delincuencia», expresó.

Una de las principales quejas es la falta de patrullaje y la persistencia de bares clandestinos que aún no son clausurados ni intervenidos. Vecinos de la calle Blondel han denunciado que viviendas con fachadas de bodegas terminan operando como cantinas o bares clandestinos.

Los directivos de La Esperanza, según Zegarra solo pueden gestionar soluciones, pero son las autoridades quienes deben aplicar el «principio de autoridad» y tomar decisiones en coordinación con subprefectura y la policía. Se requiere una acción más contundente para reducir el índice de delincuencia y proxenetismo, buscando que La Esperanza, como capital, sea un modelo para otros sectores.

Mencionó que si bien existen cámaras en «puntos estratégicos», se requiere una mayor implementación y un presupuesto adecuado. Sobre la infraestructura del mercado de La Esperanza, algunos vecinos han solicitado mejoras o incluso la privatización total. Sin embargo, la opinión personal de Zegarra es que la modernización del mercado debería ser una inversión pública y no privada, aunque reconoce que el tema de la privatización debe ser consensuado entre autoridades, vecinos y la empresa interesada.

 

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