El abogado penalista Alex Choquecahua en consulta por Radio Uno acerca de la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) de excarcelación de la expremier Betssy Chávez; calificó la resolución como «revolucionaria» a nivel nacional, al establecer un criterio jurídico que podría invalidar prolongaciones de prisión preventiva y ordenar la excarcelación de numerosos internos en el país. La decisión del TC busca corregir una «mala práctica» generalizada en el sistema judicial peruano, obligando a los juzgados y fiscalías a respetar estrictamente el principio de legalidad procesal.
El abogado explicó que el núcleo del problema en el caso de Betsy Chávez radicó en la negligencia del equipo especial de fiscales y la interpretación errónea de algunos juzgados. La prisión preventiva de Chávez vencía el 19 de diciembre del año pasado, y la fiscalía presentó el requerimiento de prolongación solo un día antes, el 18 de diciembre. Esta es una práctica común a nivel nacional, donde muchos juzgados de investigación preparatoria consideraban válido que la audiencia se desarrollara días después del vencimiento, debido a la «excesiva carga laboral».
Sin embargo, la resolución que prolongaba la prisión preventiva de Betsy Chávez recién fue emitida el 26 de diciembre, es decir, ocho días después del vencimiento original del plazo el 19 de diciembre. Durante esos ocho días, Chávez estuvo privada de su libertad «sin un mandato legal vigente», lo que el Tribunal Constitucional ha calificado como una «detención arbitraria». El TC se basó en el artículo 273 del Código Procesal Penal, que establece la inmediata excarcelación si no existe una medida de coerción o sentencia vigente.
Para el letrado, existen fundamentos jurídicos para interponer quejas ante la Autoridad Nacional de Control contra jueces y fiscales que hayan incurrido en esta «mala práctica» de prolongar detenciones sin mandato judicial vigente. Choquecahua estimó que, en Tacna, al menos el 1% o 2% de los internos en los penales de varones y mujeres podrían haber pasado por este supuesto.
El próximo excarcelado podría ser el expresidente Pedro Castillo
La sentencia del TC no solo impacta en el caso de Betsy Chávez, sino que sienta un precedente de «observancia» obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales a nivel nacional. Alex Choquecahua advirtió que, si otros procesados, como el expresidente Pedro Castillo, han estado privados de su libertad por días sin un mandato de prolongación de prisión preventiva vigente, sus defensas podrían invocar este mismo criterio.
Caso Martín Vizcarra
En contraste con la decisión del caso Chávez, el abogado Choquecahua señaló que la revocación de la prisión preventiva de Martín Vizcarra, aunque relevante, no trasciende jurisprudencialmente de la misma manera. La sala que resolvió el caso de Vizcarra aplicó criterios ya establecidos por la Corte Suprema en diversos precedentes, que exigen la acreditación de elementos objetivos de peligro procesal (fuga u obstaculización), en lugar de meras especulaciones.
En el caso de Vizcarra, la fiscalía no pudo acreditar con elementos objetivos un peligro procesal suficiente. Se valoraron elementos como la existencia de arraigo familiar (hijo menor de edad) y laboral (contratos lícitos certificados), así como el buen comportamiento procesal de Vizcarra, quien había concurrido a todas sus audiencias.
Además, en esta etapa del proceso de Vizcarra, no se le puede pedir prisión preventiva, aunque sí otras medidas de coerción como el impedimento de salida del país, previa audiencia independiente.
