Contraloría mediante informe n°047-2025 de fecha 4 de setiembre, confirmó que el Terminal Terrestre Internacional Manuel A. Odría de Tacna se encuentra en una situación de riesgo latente al operar con su Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vencido desde julio de 2021 y con las obras de mantenimiento integral paralizadas desde fines de 2024.
Informes internos de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de enero de 2024 también confirmaron que el terminal «no cumple con las condiciones de seguridad» y reiteraron la recomendación de un mantenimiento integral antes de poder obtener el certificado ITSE. Además, en agosto de 2024, la misma subgerencia confirmó que el Certificado ITSE N° 075-2019, expedido el 23 de julio de 2019 con una vigencia de dos años, caducó el 23 de julio de 2021 y se encuentra «VENCIDO».
Un plan de mantenimiento para la infraestructura del terminal fue formulado y aprobado mediante Resolución de Gerencia de Ingeniería y Obras n.° 034-2024-GIO/MPT el 23 de septiembre de 2024. Sin embargo, el informe del OCI revela que, dicho plan de mantenimiento se encontraba apenas con un avance del 8.09% respecto al cronograma, y «se encuentra paralizado desde el 21 de diciembre de 2024 por cierre de año fiscal».
Esta situación, sin la culminación del mantenimiento integral, limita la obtención o renovación del certificado ITSE, generando «riesgo latente de situaciones de emergencia que afectarían el desarrollo de actividades y el desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad».
En sus conclusiones, Contraloría señala que el terminal no cumple con las condiciones de seguridad, tiene su ITSE «VENCIDO» y el proceso de mantenimiento está pendiente de culminar, lo que afecta la accesibilidad universal y el desplazamiento seguro de las personas.
Por ello, el Órgano de Control Institucional (OCI) recomendó notificar al alcalde Pascual Güisa Bravo para que adopte «acciones preventivas y correctivas de manera urgente» con el fin de evitar situaciones de emergencia. Además, exigir al Titular de la Entidad (alcalde) que comunique al OCI, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las acciones adoptadas o por adoptar respecto a esta situación adversa, adjuntando la documentación de sustento respectiva.
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