La Municipalidad Distrital de Sama ha emitido una «denuncia pública» contra Angélica Ordóñez Arrasola, sindicando la invasión continuada de un predio municipal en la playa de Vila Vila, que incluye infraestructura esencial como búngalos y reservorios de agua. La abogada Silvana Bernardi, jefa de catastro de la municipalidad, ha manifestado su profunda preocupación por la lentitud del Poder Judicial en resolver la denuncia por usurpación interpuesta en 2023, la presunta inacción de la Policía Nacional y las recientes amenazas e intimidación dirigidas a personal femenino de serenazgo.
El predio en cuestión, administrado y poseído por la municipalidad desde el año 2010, alberga un tanque de agua de aproximadamente tres pisos y un conjunto de búngalos. Actualmente, estos búngalos brindan alojamiento a delegaciones de médicos estadounidenses y coreanos que se encuentran en la localidad prestando apoyo por varios meses.
Según la funcionaria municipal, la problemática se remonta al año 2023, cuando Ordóñez cercó por primera vez la propiedad municipal. A pesar de los esfuerzos de la municipalidad por recuperar el predio, ejerciendo incluso «actos de recuperación extrajudicial», la señora «persiste en volver a ingresar».
La Municipalidad de Sama denunció a Ordóñez Arrasola por el delito de usurpación en 2023, pero hasta la fecha, el proceso sigue «en trámite» en el Poder Judicial sin un pronunciamiento oficial. Bernardi cuestionó la validez de los documentos presentados por la Ordóñez para acreditar su posesión: un acta de adjudicación de 1999, supuestamente firmada por el exalcalde Wilson Bertoloto Ticona, y un acta de constatación de posesión de 2008, firmada por el juez Nolberto Ramírez Ticona.
Según la abogada Bernardi el acta de adjudicación de 1999 «no existe en la municipalidad» y resulta anómala, ya que consigna lote y manzana antes de que el proceso de titulación se llevara a cabo en el año 2000. En cuanto al acta de posesión de 2008, que describe una construcción de tres habitaciones, sala, dormitorio y cocina, la jefa de catastro afirmó que un diagnóstico legal con imágenes de Google Earth de ese año muestra el predio «completamente vacío». Además, vecinos del sector han presentado un memorial indicando que la señora Ordóñez «nunca ha tenido posesión de ese predio». También se ha señalado un certificado de jurisdicción de 2015 a favor de la señora Ordóñez, emitido a pesar de que los búngalos municipales ya estaban construidos en esa fecha.
Bernardi destacó la importancia de la intervención de Cofopri, entidad ante la cual la señora Ordóñez intentó formalizar la titulación del terreno tras la invasión de 2023. En febrero de 2025, Cofopri «paralizó ese intento de titulación», agradeciendo la municipalidad su «actuar». La decisión de Cofopri se basó en la existencia de la denuncia por usurpación, el hecho de que el lote contiguo ya está titulado a nombre de la municipalidad, la oposición a la titulación, y la constatación de que el cerco de la señora Ordóñez estaba «dentro de nuestros búngalos».
Un punto de preocupación adicional para la municipalidad es la actuación de la Policía Nacional. Bernardi calificó de «extraño» que la policía «acompañe a la señora la cual nosotros estamos denunciando como invasora» y «la ayude a hacer sus constataciones, sus diligencias», a pesar de que la municipalidad ha denunciado la falsedad de sus actas. La municipalidad ha recibido informes a través de «reportero ciudadano» y «redes sociales» que sugieren que Ordóñez opera un negocio de alimentos, y la policía figura entre sus «principales clientes», lo que podría influir en su aparente inacción. La municipalidad planea solicitar a la policía los «contratos de concesiones de alimentos» en Vila Vila.
La jefa de catastro denunció que, tras una recuperación del predio por parte de la municipalidad, dos abogados llegaron por la noche a la localidad para «amedrentar, amenazar e intimidar» a mujeres de serenazgo que cumplían con su labor. Estos abogados, cuyos nombres la municipalidad investigará, incluso «han ido hasta su domicilio de las mujeres serenazgos» para amenazarlas y «han hecho otra vez la construcción» del cerco en la oscuridad de la noche. Bernardi, calificó estos hechos como «indignante» y anunció que presentarán una queja ante el Colegio de Abogados por la conducta de estos profesionales.
