Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), ha calificando al actual régimen de gobierno como «básicamente represivo». La preocupación se centra en el uso desmedido y brutal de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra los manifestantes, principalmente jóvenes de la «Generación Z».
Según la CNDDHH, las movilizaciones han visto un uso indiscriminado de perdigones y bombas lacrimógenas, resultando en heridos, detenidos e incluso agresiones a la prensa, afectando tanto equipos de trabajo como causando violencia física. Este patrón de violencia se ha repetido en las jornadas de protesta.
Entre los casos que generan alarma se encuentra la detención arbitraria del ciudadano Samuel Rodríguez, quien permanece en prisión preventiva por tres meses y padece de epilepsia, un aspecto que debería considerarse. Asimismo, se reportó que el 28 de septiembre hubo seis detenidos en el Rímac, entre ellos un adolescente de 14 años. El menor se encontraba con «mucho miedo» y sin presencia familiar ni abogado, hasta que la CNDDHH se apersonó y exigió la intervención de la Fiscalía de la Familia, logrando su liberación.
Pariona enfatizó que el derecho a la protesta está reconocido en la Constitución, y que las autoridades están sobrepasando los límites de la ley y las competencias de la PNP.
Para la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, el contexto de vulneración de derechos se ve agravado por un «pacto de gobierno» entre el Legislativo y el Ejecutivo. El gobierno no ha presentado observaciones a las iniciativas de ley del Parlamento, llegando a promulgar normativas con «alegoría y con festividad».
En este marco, se ha consolidado un intento de «captura del Ministerio Público», además de una campaña de desprestigio y limitación contra las entidades defensoras de derechos humanos. Pariona mencionó que existe una norma reglamentada y publicada que podría imponer sanciones monetarias a las ONG por defender a las víctimas. Esta multa podría ascender hasta los 2.5 millones de soles, un monto que ninguna organización no gubernamental maneja, lo que representa un «bloqueo absoluto a cualquier posibilidad de ejercer defensa».
Respecto a los ataques contra el sistema interamericano, la CNDDHH señala que existe una narrativa clara para «instalar la impunidad» y bloquear la rendición de cuentas. Se aclaró que Perú suscribió libremente el Pacto de San José, lo que convierte a la Convención Americana de Derechos Humanos en un instrumento jurídico vinculante y las sentencias de la Corte Interamericana (Corte IDH) deben ser acatadas por el Estado.
La funcionaria desmintió categóricamente las campañas que acusan a la Corte IDH o a las ONG de defender delincuentes o terroristas, señalando que «nuestra labor se centra en la defensa de los derechos humanos de quienes fueron víctimas de graves violaciones».
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