Hungría está dispuesta a aguantar el envite de la Comisión Europea en el pulso que Bruselas y Budapest mantienen por un paquete de reformas legislativas que, si a las instituciones y socios comunitarios inquieta, a ojos de oposición y analistas en Budapest es revelador de pulsiones autoritarias al viejo estilo en el centro de la Unión Europea.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se dice de acuerdo con algunas de las objeciones aireadas y está dispuesto a modificar la legislación en consonancia, pero “hay otras en que nuestras posiciones están aún alejadas”. La Comisión decide hoy martes cómo proceder. “Que se abra un procedimiento de infracción no será una tragedia”, adelanta el embajador húngaro ante las instituciones europeas, Peter Györkös.
Los ánimos se están calentado conforme se acerca la hora de las decisiones y el pasado fin de semana, alrededor de 2.000 manifestantes afectos al ultranacionalistas partido Jobbik escucharon a uno de sus dirigentes, y europarlamentario, manifestar: “La UE ha declarado la guerra de forma descarada a Hungría”.
La crisis se enraíza en la puesta en práctica de una Constitución que nació tras la arrolladora victoria de Orbán en las elecciones de abril de 2010, triunfo que le dotó de una mayoría parlamentaria de dos tercios capaz de imponer reformas constitucionales sin contar con la oposición. Como dice una fuente de la Comisión, a la espera de ver qué se decide colegiadamente este martes en la reunión del Ejecutivo comunitario: “Una cosa es tener posición dominante y otra cosa es incurrir en abuso de posición dominante”.
Al final de un “proceso legislativo muy intenso y dinámico que ha supuesto 230 nuevas leyes”, según el embajador húngaro hay indicios de abuso de posición dominante, como ha dejado entender el propio José Manuel Durão Barroso. “La Comisión está muy preocupada” por lo que ocurre en Hungría, declaraba la semana pasada en Copenhague. “Le escribí [a Orbán, en diciembre] un par de cartas para que no siguiera por ese camino. Pero no hizo caso”.
La Comisión presiona por una doble vía: la amenaza de abrir un procedimiento sancionador y la no participación en negociaciones junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) para un paquete de ayuda financiera de entre 10.000 y 20.000 millones de euros a una Hungría en pésima situación económica.
Bruselas cree que tres iniciativas legislativas cuestionan el acervo comunitario: la independencia del Banco central húngaro, en el que se introduciría un tercer vicegobernador; la independencia del poder judicial, al adelantar la edad de jubilación de los jueces de los 70 a los 62 años, y la independencia de la agencia que controla la protección de datos.
“El material que la UE ha preparado consiste en los fundamentos legales que apoyan estas tesis”, declaró el pasado viernes Orbán a una emisora húngara. “Hay algunos con los que estoy de acuerdo y no veo razón para no aceptarlos, pero hay otros en los que las diferencias son de calado”. Ni el Gobierno húngaro ni la Comisión han detallado el tenor preciso de las objeciones. “Estamos a la espera de conocer los detalles y actuaremos en consecuencia”, adelanta el embajador. “Si resultase que la legislación no se ajusta al acervo comunitario, tenemos los medios para ajustarla”.
Aún así, Györkös dibuja tres salidas posibles al conflicto: “Estar de acuerdo ya y enmendar las leyes conforme reclame la Comisión; abrir conversaciones para reconciliar las posiciones, y que la Comisión abra un procedimiento de infracción a Hungría, lo que no sería una tragedia”.
Fuentes oficiales húngaras que reclaman el anonimato creen que se está sometiendo al Gobierno de Orbán a una condena sin juicio. “La Comisión es la guardiana del Tratado y en ella confiamos”, dicen. “El año pasado hubo objeciones sobre la ley de prensa y el Tribunal Constitucional hizo cambiar algunos artículos”. Las fuentes consideran que a pesar de lo dramático del momento “no hemos alcanzado el punto de no retorno; todavía podemos controlar la situación”.
Si la posición oficial es aguantar el tipo ante la apertura de un procedimiento de infracción que en el peor de los casos, y tras un proceso largo en el tiempo, sentaría a Hungría en banquillo del Tribunal de Justicia de la UE, otra perspectiva abre la posibilidad de aplicar al país infractor el artículo 7 del Tratado, que incluye el de privarle de derecho de voto en el Consejo. Es una media sin precedentes, una especie de bomba atómica política, que ya han reclamado los líderes de los grupos socialista, liberal y verde del Parlamento Europeo.
“Es una exageración”, comenta un informante húngaro en posición para saber cómo están las cosas. “Si hay cuestiones pendientes se resolverán antes de llegar a ese extremo. El asunto está ahora en manos de la Comisión y del Gobierno húngaro y no me cabe duda de que el asunto se resolverá sin la intervención de otras instituciones”, como el Parlamento o el Consejo (los Gobiernos de la Unión). El artículo 7 requiere una sólida mayoría de Gobiernos dispuesta a colocar a uno entre ellos contra las cuerdas. “Aunque el artículo 7 no se llegara a aplicar, el solo hecho de que llegara a aceptar sería un golpe tremendo para Hungría”, comenta una fuente comunitaria.
Cortesía: El País
