El Poder Judicial ha emitido una medida cautelar que exige a Provías continuar con el proceso de otorgamiento de la buena pro a un Consorcio Chino, empresa que había ganado la licitación para la doble vía Tacna-Boca del Río. El monto ascendente de este proyecto se aproxima a los 600 millones de soles.
La resolución judicial se da a pesar de que el Ministerio de Transportes, a través de Provías, había declarado previamente nulo de oficio el proceso de contratación. Al respecto, el abogado y exgerente regional Luis Valdivia, calificó la decisión judicial como una extralimitación de funciones por parte del juez. La medida cautelar en cuestión, que presumiblemente sería de «no innovar», obliga al Ministerio de Transportes a formalizar un contrato que la propia entidad declaró nulo.
La anulación administrativa por parte del Ministro de Transportes no fue un «capricho», sino que se basó en causales específicas previstas en la ley de contrataciones, como la irregularidad en el procedimiento. El Dr. Valdivia recordó que un reportaje a nivel nacional estableció que el consorcio chino se habría coludido con el comité de selección, obteniendo así información privilegiada con el fin de obtener la contratación. Además, el ministro, al presentarse ante el Congreso, había expresado que existían muy serias irregularidades en el procedimiento de adjudicación de la buena pro.
El especialista defendió la postura del ministro, señalando que «hay suficiente soporte técnico y legal» que justifica la nulidad. Enfatizó que el Poder Judicial no puede «cerrar los ojos ante estas evidencias» de vicios de irregularidad, las cuales son «palpables, contrastadas» y buscan afectar una obra de bien común, como la carretera Tacna Boca del Río.
Otro punto de crítica fundamental expuesto por Valdivia es la insuficiencia de la contracautela (caución) depositada por el consorcio chino para respaldar la medida cautelar. Mientras que el valor de la obra es de 600 millones de soles, el consorcio depositó solamente 200 mil soles como contracautela. El experto considera «absurdo propender proteger con 200 mil soles una inversión de 600 millones». La contracautela tiene por objeto pagar daños y perjuicios al Estado si la medida cautelar finalmente es desestimada, y Valdivia insistió en que esta medida cautelar es «deficiente» e «inaplicable».
Asimismo, el especialista fue enfático al señalar que una medida cautelar «de ninguna manera puede amparar la presunción de presuntos delitos».
«Consorcio Chino» logra cautelar para ejecutar doble vía Boca del Río-Tacna
