El futuro del Penal de Challapalca fue uno de los puntos consultados a Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros quien hoy viernes 3 de octubre encabezó la inauguración de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en Tacna.
Radio Uno recordó al premier el compromiso del Ejecutivo de no ampliar la cárcel de máxima seguridad luego que Tacna rechazara con una contundente marcha tal pretensión que buscaba el traslado de más reos de alta peligrosidad a la región sur. Y es que, pese al compromiso en mención, el anterior ministro de Justicia, Juan José Santiváñez afirmó que «se iba a ampliar».
El premier, quien previamente se desempeñó como Ministro de Justicia, evitó responder de manera directa sobre si se ampliaría o no el penal. En su defensa, el alto funcionario señaló que la discusión sobre los penales ha generado controversia, ya que se ha pretendido dar a conocer públicamente la idea de que los penales son lugares a donde van las familias de los delincuentes. Sin embargo, el Premier argumentó que «el índice de familias que vienen a visitar no existe como existen otros penales» en el penal de Challapalca. Por lo tanto, no es cierto que la criminalidad venga a esta zona o que «las familias vienen a criminalizar».
Incluso defendió que la instalación de estos centros penitenciarios trae «progreso,» «mercados» y «posibilidades de que las comunidades pueden desarrollarse». Y, respecto al estatus de los proyectos de infraestructura penitenciaria, el Premier indicó que es «potestad de cada ministro». Así delegó la responsabilidad en el titular actual: en cuanto a los planes de desarrollo para los establecimientos penitenciarios, «compete al ministro actual evaluar la pertinencia y preparar el trabajo que corresponde».
El Premier indicó que los demás trabajos son cuestión de «ir evaluando, compartiendo con la población esta necesidad» y siempre llegando a un acuerdo para que los ciudadanos no sientan que el gobierno está «pasando por encima» de ellos.
E hizo notar que durante su gestión como Ministro de Justicia, se coordinó un crédito de $800 millones de dólares (dentro de la ley de crédito) para ejecutar planes penitenciarios. Este dinero está destinado a la inversión en «varios lugares del país, además de Challapalca», refirió.
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