El país atraviesa jornadas intensas, marcada por una paralización nacional liderada por transportistas, jóvenes y pobladores del interior. La ciudadanía ha salido a las calles en respuesta a una crisis múltiple que combina el avance del crimen organizado, el deterioro institucional y un profundo malestar acumulado frente a la corrupción política. El escenario refleja una “democracia sitiada”.
El exministro del Interior Gino Costa, advirtió que el país está “creando las condiciones perfectas para los autoritarismos”. Según Costa, la desprotección ciudadana frente al crimen, sumada a la ineficiencia del Estado y a una clase política cada vez más comprometida con la impunidad, abre el camino a salidas autoritarias disfrazadas de orden.
Costa denunció además que el Congreso, en alianza con el Ejecutivo, ha promovido leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. En lugar de fortalecer a fiscales, jueces y procuradores, el poder político ha optado por atacarlos y sustituirlos, con el objetivo de “capturar el sistema de justicia”. En esa línea, cuestionó la reciente restitución de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pese a estar investigada por graves delitos y haber sido señalada por tener una tesis con más del 80% de plagio. Para Costa, su retorno representa un intento del Ejecutivo y del Congreso por recapturar el Ministerio Público y frenar investigaciones incómodas para el poder.
El exministro también criticó el pase al retiro del coronel Harvey Colchado, jefe de la DIVIAC, luego del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte en el marco del caso “Rolex”. Según dijo, la decisión envía un mensaje claro: el poder necesita policías sumisos, no profesionales que cumplan con la ley.
La respuesta del gobierno frente a la paralización y la creciente ola de inseguridad ha sido considerada insuficiente. La presidenta Boluarte, con apenas un 3% de aprobación, anunció el bloqueo de 15 millones de celulares con IMEI inválido o clonado y recomendó a la población no responder llamadas de números desconocidos. Sin embargo, estas medidas fueron duramente criticadas por su desconexión con la realidad: millones de peruanos usan sus celulares para trabajar, y bloquearlos sin una estrategia integral atenta contra su sustento. Además, se cuestionó que el gobierno actúe solo después de que el daño está hecho, en lugar de prevenir el comercio ilegal de chips y dispositivos.
Frente a este panorama, cada vez más voces coinciden en que el problema va más allá de la inseguridad o la coyuntura política. Lo que está en juego es la estructura misma del poder, donde el Congreso y el Ejecutivo habrían consolidado una alianza mafiosa que busca controlar todas las instituciones del Estado: desde el Tribunal Constitucional, hasta el Jurado Nacional de Elecciones, pasando por la Fiscalía y la Contraloría.
El desafío ahora es lograr que esta confluencia de reclamos se transforme en un verdadero pacto ciudadano por el cambio, capaz de frenar la deriva autoritaria, recuperar la confianza en las instituciones y sentar las bases de un Estado que, finalmente, funcione para todos.
