El analista César Málaga se pronunció respecto a la huelga de transportistas, originada por la creciente ola de extorsiones en Lima. Málaga advirtió que la situación ya es insostenible, con ataques constantes no solo a empresarios, sino también a choferes y ciudadanos de a pie. “Disparan sin piedad, el comercio mediano y pequeño está siendo golpeado, y no hay una respuesta clara del Estado”, señaló.
Cuestionó duramente la falta de una política firme contra la inseguridad ciudadana y responsabilizó a los altos mandos de la Policía Nacional, así como a la falta de liderazgo desde el Ejecutivo. “Esto se ha salido de control. No hay soluciones ni a corto ni a mediano plazo. Lo más lamentable es que desde arriba no hay visión ni capacidad de respuesta”, afirmó. Además, criticó que la presidenta Dina Boluarte minimice el paro y la situación de violencia. “Actúa como si viviera en otro mundo”, añadió.
Aunque en Tacna la situación aún no es tan grave como en Lima, Málaga advirtió que los efectos se sienten a nivel nacional. “Las decisiones que no se toman a tiempo tienen un alto costo para todos. Cada vez que la presidenta interviene, empeora las cosas. Está mal asesorada, genera enfrentamiento, y su actitud enerva a la población”, precisó. Añadió que el no tomar medidas cuando se debía es una de las peores respuestas en tiempos de crisis.
Advirtió además sobre un escenario preocupante: “Estamos generando las condiciones para que sectores autoritarios propongan una salida de mano dura. Incluso no se descarta que aparezca una figura militar que quiera asumir el control del país, lo que podría desembocar en una dictadura”, alertó. Málaga hizo hincapié en que la falta de liderazgo está generando desesperación entre los ciudadanos, quienes solo ven como opción una salida radical.
Finalmente, sostuvo que el transporte urbano en Lima es vital para el desarrollo económico y social. “Esta paralización afecta directamente a los más pobres”, remarcó. Como solución, propuso un enfoque integral basado en inteligencia, logística y la participación de la sociedad civil para enfrentar el avance del crimen organizado y la inseguridad.
