Patricia Benavides está nuevamente en el ojo de la tormenta luego que el portal La Encerrona tras una revisión manual de su tesis “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas” reveló que tiene un 86% de sim¡litud con otros trabajos, según el software antiplagio Turnitin.
Para Cruz Silva del Instituto de Defensa Legal (IDL) el hallazgo es «gravísimo» y señala la existencia de una «dinámica, yo diría criminal» dentro de la Junta de Fiscales Supremos. Además, el hecho de que Benavides sea Fiscal Suprema y mienta es un serio riesgo para la institucionalidad. Así, advirtió que «ella ha perdido lo que todo fiscal debe tener de acuerdo a la ley de carrera fiscal el artículo 2, apariencia de independencia e imparcialidad».
Según la información difundida por medios de Lima, el análisis comparativo identificó que, como mínimo, 30 páginas son idénticas a otros documentos y textos, incluso algunos que integran blogs, y fueron copiados sin la debida «anunciación» para ser considerados una cita bibliográfica correcta. Silva enfatizó que este hallazgo «pasa a demostrar no solamente por qué es que la fiscal hoy suprema no quería que se identificara o se hablara o se mostrara la tesis».
La tesis, que en su momento fue catalogada como «extraordinaria», fue celosamente protegida, lo que Benavides justificó como una medida para evitar el escarnio. Sin embargo, la verdad del ocultamiento era «para que no se revelaran que había plagio y muchos plagios«, según manifestó Silva.
El escándalo se profundizó con la aparición de la abogada Giovana Fabiola Vélez Fernández, quien identificó que 30 páginas de su trabajo fueron plagiadas. El trabajo de Vélez Fernández era un análisis desarrollado aproximadamente 20 años atrás, cuando se desempeñaba como asistente del juez San Martín durante la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Tacna y Huaura.
Cruz Silva indicó que la doctora Vélez, como autora «violentada en sus derechos intelectuales», tiene abiertas varias vías de acción: iniciar un procedimiento civil vinculado a un tema indemnizatorio, buscar acciones vinculadas con Indecopi (derechos de autor) o presentar una denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL).
El problema de la tesis es crucial porque los méritos obtenidos por los grados de magíster y doctorado, aunque no son requisitos indispensables, suman puntaje en el proceso de selección de fiscales supremos. Silva explicó que Benavides «ilegalmente sumó puntaje que la puso, digamos, en ventaja de los otros postulantes». La abogada de IDL subrayó la gravedad de esta situación: si el plagio se hubiera conocido al momento de la evaluación de su currículum, «ella no hubiera continuado en el concurso». Por ello, se concluye que su nombramiento como fiscal suprema tiene un «serio vicio».
Ante la evidencia, la sociedad civil espera una suspensión inmediata, pero Cruz Silva advirtió que las instituciones competentes muestran inercia o carecen de facultades. Así, IDL presentó una queja ética profesional para pedir la «anulación de su colegiatura». Cruz Silva destacó que el Colegio de Abogados de Lima es el «único espacio de rendición de cuentas que nosotros encontramos viable hasta el momento en este contexto tan complicado». Si se anula la colegiatura por inconductas graves, Benavides ya no podría ejercer como fiscal ni como abogada.
Finalmente, Cruz Silva concluyó que la permanencia de Benavides en el cargo, a pesar de los antecedentes de mentir (como negar que interferiría en el caso de su hermana, la jueza Emma Benavides, lo cual fue su primera mentira identificada), representa un «serio riesgo para la institucionalidad».
