La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha manifestado su preocupación por los últimos hechos acontecidos en la capital, condenando el asesinato de Eduardo Mauricio Ruiz Sainz. Se ha confirmado que el homicidio es responsabilidad del suboficial Luis Magallanes, un miembro policial, aunque el General Óscar Arriola de la PNP sugiere que sería solo su responsabilidad individual.
«Creemos que en este contexto pues la permanencia del señor Jerí y la actual mesa directiva se hace insostenible».
La CNDDHH subraya que este asesinato fue cometido por el Estado «a través de un agente y un aparato que es la Policía Nacional». El ciudadano asesinado salió legítimamente a manifestarse y «le dispararon directamente el pecho y le generaron la muerte». La organización exige determinar quién ordenó la operación y quién proporcionó armas a los oficiales de civil en esta manifestación, destacando que existe una cadena de mandos con niveles de responsabilidad, incluido el Ministerio del Interior y el señor Jeri.
El reporte actualizado de la CNDDHH confirma un total de 30 heridos como resultado de la represión. Dos casos se encuentran en estado de gravedad:
-Luis Reyes Rodríguez: Un joven que recibió el impacto de un proyectil o perdigón en la cabeza y se encuentra en un estado sumamente delicado. Su comunidad y colectivos organizados han tenido que realizar una colecta para cubrir los gastos de su atención médica.
-Una menor de 11 años: Impactada por gases lacrimógenos mientras se encontraba con su madre en el negocio ambulatorio. Ella cayó y se golpeó la cabeza, permaneciendo grave y hospitalizada.
-Otro caso grave es un ciudadano herido por perdigones en el abdomen.
Adicionalmente, se reportaron 17 detenciones de adultos, de los cuales dos fueron liberados antes de anteayer, y tres casos de menores de edad. Los manifestantes detenidos a menudo carecen de abogados.
La CNDDHH critica que la Policía Nacional pretenda «lavarse la mano» y no asumir la responsabilidad ni el costo de la asistencia y tratamiento de salud de los heridos y víctimas. La vulneración de derechos se extiende incluso a los servicios de salud, ya que veedores de la CNDDHH constataron la presencia de ternas en las áreas de emergencia, rodeando camillas y puertas, lo que demuestra un «ensañamiento» hacia las víctimas de la represión.
La reciente declaratoria de estado de emergencia en Lima metropolitana es vista por la CNDDHH como un intento de «opacar o disuadir la movilización». La organización advierte que esta medida podría tener un efecto contrario, dada la gran indignación ciudadana, y que genera una mayor vulnerabilidad al no haber garantías de los derechos.
Además, Tania Paredes dijo lamentar la limitación impuesta por la Ley APSI (Ley anti-ONGs/antijusticia). Esta ley prohíbe a las ONGs de derechos humanos asumir la defensa legal de las víctimas que sufrieron vulneraciones por parte de entidades del Estado. Esta reglamentación limita acciones esenciales para la Coordinadora, como la defensa legal, aunque la organización sigue realizando su labor de veeduría legal y acompañamiento en hospitales y comisarías.
La CNDDHH exige que el Estado escuche a la ciudadanía, que pide la derogación de «leyes procriminalidad» que el parlamento ha aprobado, y que se garantice que la muerte de Mauricio Ruiz Sainz no quede impune.
