El Tribunal Constitucional (TC) ha generado una fuerte controversia en la esfera política y judicial tras ordenar el archivo de la acusación contra Keiko Fujimori en el denominado Caso Cócteles. La decisión, que según observadores ya «estaba anunciada hace bastante tiempo», es vista como una oportunidad que la lideresa fujimorista podría aprovechar para «lanzar su candidatura a la presidencia de la República».
Miguel Jugo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que el TC es considerado la «bancada paralela de la bancada fujimorista» y que la sentencia no solo despoja de garantías de justicia a los peruanos, sino que sus resoluciones tienen un «bastante contenido político y a favor de determinados grupos».
El TC basó su fallo en dos argumentos principales. En primer lugar, argumentó que al momento de la comisión del presunto delito de lavado de activos, la ley 27765 aún no lo tipificaba. En segundo lugar, sostuvo que el delito de organización criminal, por el cual se investigaba a Fujimori, no se condice con una finalidad «plenamente legítima como es el de ganar las elecciones».
Sin embargo, Jugo y otros críticos sostienen que el Tribunal se ha excedido en sus competencias. Las acciones constitucionales como el habeas corpus deben abordar amenazas graves a la libertad personal y son inherentemente subsidiarias, no estando destinadas a reemplazar al juez penal, la Corte Suprema o la Sala Penal.
Según Jugo, la propia tribuna Luz Pacheco y el tribuno Monteagudo señalaron que no tenían la posibilidad de hacer la interpretación penal que realizaron. Montiagudo incluso afirmó que carecían de «toda la documentación» para sustentar una afirmación de esa naturaleza, indicando que la calificación de esos delitos debe darse en la instancia preparatoria del proceso penal. «Ahí está claramente demostrado que el Tribunal Constitucional se ha excedido en sus funciones,» concluyó Jugo, asegurando que sus criterios son «básicamente políticos».
El debate se extendió a la violencia y el discurso de odio en la política actual, ilustrado por las recientes declaraciones del Presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi quien tildó públicamente de «Terruco» al músico Mauricio Ruiz, quien perdió la vida de un disparo dado por un policía durante las protestas del día 15, persistiendo en la calificación incluso tras ser corregido por periodistas.
Jugo calificó el «terruqueo» como la «moda de esta época» utilizada para desacreditar. Denunció el pronunciamiento de Rospigliosi como «completamente antidemocrático» y «fascista», argumentando que este tipo de razonamiento justifica la violencia: «como es terrorista, bueno, que lo maten, pues». Jugo cuestionó quién juzgó, condenó y determinó que el joven músico era un terrorista, señalando que Rospigliosi «justificó» la acción del policía que «haya disparado de a Mansalva».
