El Premier de la República, señor Álvarez, declaró hoy que el Gobierno no tiene una posición ni una decisión definida sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El exministro Herrera Descalzi criticó falta de diligencia ante un problema que mueve $12.000 millones y lleva 8 años sin resolverse.
El exministro señaló que ve la situación como algo que era previsible. En su análisis, el Ejecutivo ha buscado deslindar responsabilidades, poniendo el tema en manos del Poder Legislativo. Herrera recordó que hace unas semanas, el entonces primer ministro anunció conclusiones y recomendaciones de mesas técnicas que supuestamente habían llegado a acuerdos entre las partes. “Mi lectura de lo que dijo en esos momentos el Ejecutivo era decir: ‘Este es un tema quemante. Yo no quiero saber nada más. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Cualquier cosa que pase en el futuro será responsabilidad del Congreso’”.
El exministro lamentó que este sea un problema que ya tiene ocho años. Considera que las autoridades deberían estar «suficientemente informadas» y no siempre «estar comenzando nuevamente de cero».
Herrera hizo hincapié en la necesidad de diferenciar entre minería ilegal e informal; Minería Ilegal, se explota en áreas donde está terminantemente prohibido hacerlo. El ejemplo más claro es lo que sucede en Madre de Dios, debido al «enorme daño ambiental que se ha hecho ahí». Minería Informal, no opera en áreas prohibidas, pero incumple con obligaciones sociales, ambientales, o carece de permisos esenciales, como la concesión del Estado (dueño del subsuelo) o el permiso del dueño del terreno.
Las cifras en juego son considerables. Las actividades de la minería ilegal (excluyendo la informal) mueven alrededor de $12.000 millones de dólares en un año, una cifra suficientemente grande para que el Ejecutivo esté obligado a fiscalizar.
El tema de fondo de la formalización radica en el incumplimiento de las normas laborales. El minero informal, aunque gane lo suficiente, opera sin proteger a sus trabajadores, quienes no tienen «ninguna protección social», seguros o indumentaria suficiente. El oro extraído, que constituye este patrimonio, pertenece a todos los peruanos.
Respecto a si la Comisión de Energía y Minas debería ampliar el Reinfo en Caravelí, Herrera opinó: «Yo creo que ya no hay forma de no hacerlo». Sugirió que la ampliación parece ser un resultado esperado y trazado, facilitado por la posición «relativamente cómoda» del gobierno de decir que acatará la decisión del Congreso.
Herrera concluyó advirtiendo que, al extender este periodo indefinidamente, se genera que la mayoría de las personas trabajan sin los beneficios y cuidados que les corresponden, y se extraen recursos de la nación sin pagar los tributos correspondientes. Las cifras que se pierden podrían servir para construir «centenares de escuelas o de postas médicas».
