Una grave denuncia por presunta usurpación de terrenos en el sector de Magollo fue presentada esta mañana ante las autoridades policiales. Según el informe, alrededor de 150 personas habrían invadido un predio de 200 hectáreas perteneciente a una concesión minera no metálica inscrita en los registros públicos de SUNARP bajo la partida N° 11558283. La titular del derecho minero, Norma Pilco Calizaya, representada por el abogado Alex Choquecahua, denunció que los invasores estarían utilizando documentos falsificados para apropiarse del terreno y lotizarlo con fines de venta.
De acuerdo con la denuncia, los ocupantes, identificados como miembros de la Asociación Casa Huerta Santa María, habrían presentado una constancia de posesión supuestamente emitida por la Dirección Regional de Agricultura en noviembre de 2016. No obstante, el Ministerio de Agricultura, a través del Oficio N° 2436-2025 y el Informe N° 227-2025, confirmó que dicho documento es inexistente en los registros oficiales, por lo que se trataría de una falsificación. “Estamos ante un caso típico de falsificación de documento público y uso de documento falso para consumar el delito de usurpación”, señaló el abogado Choquecahua.
La denuncia ha sido interpuesta en la Comisaría de Augusto B. Leguía contra el presidente de la asociación, Germán Mamani Llano, quien también encabeza otra organización denominada Asociación Residencial Construcción Civil. Según Choquecahua, existiría la sospecha de que ambas agrupaciones serían utilizadas como fachada para invadir terrenos del Estado y venderlos de manera ilegal. Los cálculos preliminares estiman que los responsables habrían obtenido hasta 1.5 millones de soles, considerando que cada uno de los 150 supuestos socios habría pagado alrededor de 10 mil soles por lote.
El avance de la invasión se registra en la zona conocida como la curva de Magollo, a la altura del kilómetro 7 de la carretera Costanera, donde ya se ha ocupado unas 15 hectáreas. Testimonios señalan que diariamente ingresan volquetes y maquinaria pesada para descargar materiales de construcción y marcar nuevos lotes, extendiendo la ocupación de forma acelerada.
El abogado solicitó la intervención inmediata de la Policía y pidió que la denuncia sea derivada a la División de Seguridad del Estado, así como la notificación a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tacna para que adopte acciones legales, dado que se trata de terrenos estatales concesionados legalmente. Choquecahua adelantó que solicitará al juzgado un desalojo preventivo y exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar con ofertas de terrenos en la zona, advirtiendo que las ventas ilegales serán anuladas y los responsables denunciados penalmente.
