El Juzgado Constitucional de Lima ha emitido una resolución que ordena la restitución inmediata de Delia Espinoza Valenzuela como Fiscal de la Nación, una decisión que, según Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, ratifica y clarifica fallos anteriores que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no había ejecutado adecuadamente.
En declaraciones recientes a Radio Uno, Rivera explicó que la resolución del juzgado se da tras una serie de incumplimientos por parte de la JNJ. «En realidad lo que está haciendo… el Juzgado Constitucional de Lima es básicamente ratificar una decisión que ya notificó a la Junta hace aproximadamente unas tres semanas atrás». Rivera recordó que Espinoza ya contaba con dos decisiones a su favor (una medida cautelar y una sentencia de amparo declarada fundada) que no habían sido debidamente ejecutadas.
El núcleo del reciente pronunciamiento judicial radica en la respuesta de la JNJ a la sentencia de amparo. Rivera señaló que la JNJ realizó una «suerte de interpretación auténtica» del fallo judicial, argumentando que no la repondría porque la suspensión temporal se basaba en dos razones, y la sentencia no había hecho referencia a la segunda.
La reciente decisión del juzgado atiende a la solicitud de precisión de la defensa de Espinoza, aclarando que la sentencia se refiere a «todas las razones de la suspensión», y por ello, ratifica la orden de restitución en el cargo de Fiscal de la Nación.
Rivera considera que la decisión, que otorga un plazo perentorio de dos días (48 horas), es «legalmente correcta, constitucionalmente correcta también y tiene que ejecutarse». Además, calificó este plazo de «camino correcto» porque el mismo juzgado ya había visto incumplidas sus dos resoluciones anteriores (la cautelar y la sentencia). La intención es «evitar esta suerte de limbo» en el que se colocan las resoluciones judiciales cuando las instituciones deciden no ejecutarlas.
Respecto a las críticas que alegan que un juzgado constitucional no puede estar «por encima» de un órgano constitucional autónomo como la JNJ, Rivera fue enfático en señalar que dicho argumento «no es correcto».
El experto explicó que es el «sistema de justicia, y especialmente el sistema constitucional,» el que ejerce funciones de control de constitucionalidad sobre los actos o decisiones de cualquier autoridad pública, incluida la Junta Nacional de Justicia. La autonomía de la JNJ no la exime de un control constitucional. Incluso el Congreso de la República, siendo un poder del Estado, tampoco está exento de dicho control de constitucionalidad y convencionalidad.
Rivera también criticó la práctica de modificar los procedimientos judiciales cuando las decisiones no son favorables: «Eso es abiertamente contrario a un estado de derecho». Así, abordó el motivo original de la suspensión de Espinoza, que se relacionó con su supuesta negativa a cumplir la decisión de la JNJ de restituir a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación.
Para Rivera, la resolución de la JNJ que buscaba la restitución de Benavides fue «abiertamente inconstitucional» y una «suerte de usurpación de funciones». La única instancia facultada para elegir al Fiscal de la Nación no es la JNJ, sino la Junta de Fiscales Supremos. Rivera manifestó que Espinoza hizo lo correcto al no ejecutar una resolución que estaba fuera de la constitucionalidad, y que esta circunstancia llevó al juzgado a entender que la suspensión temporal de Espinoza fue «indebida».
Asimismo, el experto resaltó un segundo problema en la resolución de la JNJ: en un documento de cerca de 30 páginas, no se explicaba «por qué razón se estaba anulando la elección legalmente desarrollada de Del Espinoza como fiscal de la nación».
Finalmente, Rivera advirtió sobre un «camino de verdad sumamente peligroso» que se está gestando, donde se busca «criminalizar» la labor jurisdiccional. Comentó que ya existe una denuncia penal contra magistrados del sistema constitucional simplemente por el contenido de una sentencia que no agrada a ciertas personas o grupos. Este acto busca «doblegar la posición… jurisdiccional de los magistrados» a través de presiones políticas, mediáticas e incluso «denuncias penales».
