Integrantes del Frente de Trabajadores Tercerizados de EsSalud en Tacna solicitaron al Congreso de la República acelerar la aprobación del Proyecto de Ley N.° 12069, que propone otorgar estabilidad laboral a quienes prestaron servicios esenciales durante la pandemia bajo modalidades de tercerización e intermediación. El pedido fue expuesto durante una entrevista radial, donde las representantes Carla Lara y Jessica Aninatacona destacaron que miles de trabajadores a nivel nacional laboraron en condiciones de alto riesgo sin beneficios ni reconocimiento.
El proyecto, respaldado por la congresista Sigrid Bazán y actualmente en la Comisión de Presupuesto, busca incorporar a este personal al régimen laboral 728, otorgándoles estabilidad y derechos laborales. La propuesta alcanza a quienes acrediten al menos un año de servicios continuos o interrumpidos entre el 11 de marzo de 2020 y el 25 de mayo de 2023, periodo crítico en el que, según las voceras, los trabajadores tercerizados asumieron funciones esenciales sin bonos, seguros ni los beneficios concedidos al personal CAS COVID.
Las representantes explicaron que tanto digitadores de emergencia como operadores de módulos atendieron directamente a pacientes COVID-19 y de otras patologías, cumpliendo labores permanentes dentro de EsSalud, pese a depender de empresas service o emitir recibos por honorarios. Sostienen que, aunque sus tareas eran similares o incluso más expuestas que las del personal de planta, enfrentaron contratos precarios renovados mes a mes, salarios básicos y la constante amenaza de ser retirados sin justificación.
El Frente informó que vienen gestionando reuniones con congresistas de la región Tacna, como Esmeralda Limachi e Isaac Mita, para solicitar su respaldo. Indicaron que el movimiento es nacional y que en varias regiones se realizan entrevistas, plantones y campañas informativas para visibilizar lo que consideran una “injusta discriminación” hacia quienes sostuvieron servicios de salud en plena emergencia sanitaria. Señalaron que la aprobación de este proyecto sería una forma de reparación por los riesgos asumidos, incluyendo la pérdida de familiares por COVID-19 mientras seguían en funciones.
Finalmente, hicieron un llamado a la Comisión de Presupuesto a dictaminar el proyecto con celeridad y permitir su paso al Pleno. “Muchos creen que el CAS COVID cubrió todos los servicios, pero no fue así. Miles trabajamos a través de empresas tercerizadoras y nunca fuimos reconocidos”, señalaron. El Frente espera que los congresistas comprendan la dimensión social de la propuesta y otorguen estabilidad a un sector que, afirman, fue indispensable durante la etapa más crítica de la pandemia.
