La Comunidad Campesina de Maure, ubicada a casi 5000 metros de altura en el altiplano de la región Tacna, se encuentra sumida en la incertidumbre y el temor por la contaminación generada por el Centro Penitenciario de Challapalca y el colindante Cuartel Fuerte Inclán. Pese a las afirmaciones del Gobierno Central y el Primer Ministro de que alrededor del penal «no hay nada» y solo existe una «Pampa inmensa», cerca de una decena de familias viven en el área desde hace muchos años, algunos incluso antes de la instalación del cuartel.
Los pobladores vienen denunciando desde hace años la contaminación del Río Maure y de los suelos de la zona. Esta problemática se agrava por el manejo inadecuado de los desechos, que afecta directamente a las familias asentadas, una de las cuales vive de forma continua en el lugar desde 1997.
El problema ambiental se concentra en dos grandes áreas: el vertido de aguas residuales y la disposición ilegal de residuos sólidos.
La población observa la acumulación de aguas residuales provenientes tanto del Fuerte Inclán como del penal de Challapalca. Marcial Laura, presidente de la comunidad campesina de Maure, explicó que existen dos puntos de almacenamiento de estas aguas servidas. Uno de estos puntos, cerca del cerco del fuerte, es un estanque cuyo olor es percibido a varios metros de distancia. El segundo punto es un estanque de gran tamaño donde no se observa geomembrana o sistema de aislamiento alguno.
Según los pobladores, estas aguas residuales no reciben tratamiento, simplemente son almacenadas en silos. Cuando llegan las temporadas de lluvia, los desechos se rebalsan, inundando los pastos y llegando directamente al cauce del Río Maure. Incluso se habría instalado una tubería y existe un canal que, según los residentes, es usado para evacuar las aguas servidas al río. El consejero regional Juan Ramos Arocutipa manifestó su preocupación, confirmando que si estos pozos colapsan, ingresarían al Río Maure.
En cuanto a los residuos sólidos, se ha denunciado la descarga de basura por parte del Ejército Peruano y el penal. Actualmente, el penal de Challapalca, que alberga a más de 220 presidiarios más el personal del INPE, dispone toneladas de basura sin ningún tipo de tratamiento en un botadero no registrado, ubicado a aproximadamente 1 km del centro penitenciario, en jurisdicción de Puno.
Personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó, tras una visita realizada el 17 de octubre, que el encargado del penal confirmó que han estado disponiendo residuos sólidos en esta área degradada de unos 120 metros cuadrados durante cerca de ocho años sin contar con autorización. La OEFA ha procedido a registrar este vertedero en el inventario nacional.
La vida en la comunidad de Maure se ve gravemente afectada. Los pobladores reportan vivir con el olor constante. Una residente señaló que padece problemas de salud como dolor de estómago, una infección estomacal y problemas de la vista.
El médico infectólogo tropicalista Raúl Gómez Ortiz advirtió que el daño es potencial, ya que el contacto o consumo de aguas residuales podría generar enfermedades bacterianas como el cólera o la leptospirosis. El cólera tiene un periodo de incubación que oscila entre horas y un día, con potencial mortalidad.
La crianza de ganado, de lo que viven las familias de Maure, está en crisis. El ganado (llama, alpaca) ya no consume el pasto malogrado y muere «de flaco». Además, el ganado camélido sudamericano está sufriendo de esterilización, abortos y muerte. Un poblador testificó que las alpacas ya no paren, haciendo inviable la crianza.
Silencio de Autoridades
La OEFA ha establecido un plazo para que el INPE regularice la situación del botadero. El INPE tiene como fecha límite el 9 de enero de 2025 para elaborar y presentar los instrumentos correctivos necesarios ante la autoridad ambiental competente. Si el INPE incumple esta obligación, podría ser sancionado con una multa de hasta 720 UITs (Unidades Impositivas Tributarias), lo que equivale a 378,000 soles, al ser considerada una infracción muy grave. La OEFA se encuentra evaluando el botadero, siendo probable que se categorice para recuperación, lo que implicaría su cierre definitivo.
Existen dos reportes de denuncia por presunta afectación ambiental registrados en el portal SINADE, el primero de octubre de 2023 y el segundo de noviembre de 2024, este último a consecuencia de la visita de la OEFA sobre las aguas residuales.
A pesar de que el Ministerio de Justicia —a cargo del INPE— había indicado haber adoptado acciones, los pobladores desmienten que estas se hayan realizado. Tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como la Administración Local del Agua de Caplina y Locumba han guardado silencio, negándose a proporcionar información sobre las acciones tomadas o las medidas de fiscalización.
Los comuneros de Maure insisten en su petición de que no haya una ampliación del penal, pues temen que esto solo genere más contaminación. Un residente resume el dilema de la comunidad: si la contaminación aumenta, se preguntan «¿dónde nos vamos a ir para mantener nuestra familia?».
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