El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, emitió una sentencia condenatoria de 14 años de cárcel contra el expresidente del Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de Cohecho Pasivo Propio. La sentencia, resultado del juicio oral que se instaló el 28 de octubre de 2024 y concluyó el 20 de noviembre de 2025, declara a Vizcarra culpable por dos hechos distintos ocurridos durante su gestión como gobernador del Gobierno Regional de Moquegua.
AQUÍ SENTENCIA MARTIN VIZCARRA
Pena Efectiva e Inhabilitación Política
El colegiado, integrado por los doctores Fernanda Isabel Ayasta Nassif, Giovanni Félix Palma y Andy Junior Rodríguez Domínguez (con voto en discordia parcial), impuso a Martín Alberto Vizcarra Cornejo Catorce años de pena privativa de libertad con carácter efectiva y de ejecución inmediata. La pena se computará desde la fecha de la sentencia, el 26 de noviembre de 2025.
Además, se le impuso una pena de inhabilitación por 9 años, lo que conlleva la incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Vizcarra, quien es ingeniero civil de profesión, también fue sentenciado al pago de setecientos treinta días multa, calculados a razón de ciento treinta soles diarios, sumando un total de S/ 94,900.00.
En cuanto a las consecuencias civiles, el juzgado declaró fundada en parte la pretensión resarcitoria del Actor Civil y dispuso una Reparación Civil de S/ 2’336,000.00. Este monto deberá ser abonado de forma solidaria por el sentenciado Vizcarra y los terceros civilmente responsables: INCOT Contratistas Generales S.A.C., Obras e Ingeniería S.A. – OBRAINSA, y ASTALDI S.P.A. – Sucursal del Perú. La empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. – ICCGSA fue excluida del proceso penal debido a la oponibilidad de una sentencia previa de colaboración eficaz.
Hecho 1: Caso Lomas de Ilo
El primer hecho se centra en la Licitación Pública Internacional para la “Construcción de la Línea de Conducción N.º 1 Jaguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa”. La Judicatura determinó que Martín Alberto Vizcarra Cornejo, como presidente regional, solicitó y aceptó un beneficio económico indebido.
Se le imputó haber contactado a Elder Tejeda Moscoso (gerente general de Obrainsa, parte del Consorcio Obrainsa Astaldi) entre el 4, 5 y 6 de noviembre de 2013, brindándole información privilegiada: que para ganar la licitación la propuesta no debía superar los S/ 81,000,000.00. A cambio de esta información, Vizcarra solicitó un pago indebido del 2% del costo directo de la obra, equivalente a S/ 1,016,212.72.
El pago ilícito se materializó en tres partes:
El alquiler de una aeronave para trasladar a sus amigos de Lima a Moquegua, un servicio facturado a Obrainsa por S/ 35,000.
Un pago en efectivo de S/ 400,000.00 soles el 27 de enero de 2014.
Un segundo pago en efectivo de S/ 600,000.00 soles el 4 de abril de 2014.
El colegiado corroboró la existencia de comunicaciones telefónicas entre Vizcarra y Tejeda, la presencia de Vizcarra en las oficinas de Obrainsa en fechas clave, y que la nueva oferta económica del Consorcio Obrainsa – Astaldi (S/ 80,981,137.34) coincidió con el monto tope informado por el acusado. Por este hecho, la pena concreta impuesta fue de 6 años de privación de libertad.
Hecho 2: Caso Hospital de Moquegua
El segundo caso se refiere al Concurso Público Internacional para el “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2”.
La imputación se basó en que Vizcarra condicionó su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de S/ 1,300,000.00 soles. El objetivo era no objetar y firmar el contrato a favor del Consorcio Hospitalario Moquegua (ICCGSA e INCOT), aprovechando su facultad de suscribir el mismo.
El condicionamiento y el pedido de dinero se hicieron a través de su «amigo y hombre de confianza», José Manuel Hernández Calderón, durante el evento CADE 2013 en Ica, entre el 28 y 29 de noviembre de 2013. Ante el temor de perder la buena pro, los ejecutivos del consorcio aceptaron el pedido ilícito.
Los pagos ilícitos se realizaron en su mayoría por intermedio de Hernández Calderón, quien recibía el dinero (que oscilaba entre S/ 100,000.00 y S/ 200,000.00 soles) de Rafael Granados Cueto (ejecutivo de ICCGSA) en las oficinas de ICCGSA. Además, se comprobó que hubo una entrega de dinero en efectivo por parte de Fernando Castillo Dibós a Vizcarra en la casa de Hernández Calderón en La Molina en agosto de 2016, cuando Vizcarra ya era vicepresidente.
El Tribunal concluyó que la acción de condicionamiento se probó mediante la convergencia de testimonios y la evidencia de comunicaciones telefónicas entre Vizcarra y Hernández Calderón. Por este hecho, la pena concreta impuesta fue de 8 años de privación de libertad.
Fundamentos de la Decisión Judicial
El Tribunal determinó que Vizcarra, en su condición de funcionario público de alta jerarquía, tenía conocimiento de los proyectos, gestionó las transferencias económicas y estaba al tanto de los procesos de licitación, pese a que su defensa alegó que había delegado sus funciones. La Judicatura concluyó que Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, infringiendo sus deberes de imparcialidad y probidad.
La corrupción de funcionarios, como el Cohecho Pasivo Propio, es un delito que causa desconfianza y desmoralización en la ciudadanía, dañando la imagen del Estado peruano.
Dictan 14 años de cárcel para el expresidente Martín Vizcarra











