Ingrid Grández Mendoza, presidenta de la comunidad Arcoiris Tacna, analiza la reciente sentencia contra policías torturadores de Azul Rojas Marín, ciudadana trans, y lamenta que, pese a los avances internacionales, el sistema judicial peruano siga fallando a las poblaciones vulnerables.
Si bien Grández reconoce que existe un sentimiento de satisfacción porque la lucha de años ha dejado precedentes y estándares jurídicos valiosos, también enfatizó que la justicia peruana sigue siendo motivo de decepción.
El caso, que ha cobrado relevancia internacional a través de medios como la BBC, relata los horrores sufridos por Azul en una comisaría del norte del país. Según las fuentes, Azul no solo fue detenida de manera ilegal e irregular, sino que sufrió golpes, insultos despectivos por su orientación sexual y violación sexual.
A pesar de la gravedad de los hechos, el sistema de justicia peruano mostró su peor cara desde el inicio. Grández relató cómo la madre de Azul, quien la acompañó en su búsqueda de justicia hasta antes de fallecer, intentó denunciar el hecho en la comisaría, donde no quisieron recibirla. Peor aún, al llegar a la fiscalía, la representante de dicha institución cuestionó la veracidad del testimonio de Azul preguntándole: «¿Cómo te van a creer si eres homosexual?». Debido a estos prejuicios, el caso fue archivado en su momento, dejando a los tres policías responsables libres y sin sanción alguna.
Ante la inoperancia nacional, una ONG asesoró a Azul para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que finalmente ordenó al Estado peruano investigar y reparar el daño. Hoy, aunque se ha logrado una sentencia para los tres policías por tortura y violación, Grández advierte que «los torturadores y violadores siguen sueltos» y que la reparación económica y psicológica no se ha cumplido en su totalidad.
