Al cumplirse el tercer año de los luctuosos hechos ocurridos el 9 de enero de 2023, la ciudad de Juliaca retoma las calles para exigir una justicia que, a la fecha, parece cada vez más lejana. La Asociación de Mártires y Víctimas, junto a la población de Puno, ha programado una serie de actos cívicos y religiosos que incluyen una misa en el Templo Pueblo de Dios y una movilización simbólica por las calles donde ocurrió la represión, informó el periodista Hugo Supo, de Radio La Decana de Juliaca.
La indignación en la región se ha visto incrementada tras la decisión del actual encargado de la Fiscalía de la Nación de desactivar el grupo especial de fiscales que lideraba las investigaciones sobre las muertes en las protestas. A pesar del tiempo transcurrido, el Ministerio Público aún no ha logrado individualizar a los responsables directos de los disparos ni se han dictado medidas de prisión preventiva contra los involucrados. Estos retrasos contrastan con informes presentados que señalan, por ejemplo, testimonios de capitanes del ejército indicando que los militares dispararon contra manifestantes a muy poca distancia.
El análisis de la situación no se limita a lo judicial. Hugo Supo destaca la existencia de un «pacto mafioso» en el Congreso de la República, donde una coalición de legisladores ha blindado a la presidenta Dina Boluarte, archivando denuncias constitucionales y procesos de investigación. Esta situación es percibida por la población como una traición política, especialmente por parte de un Ejecutivo y un Legislativo que, según señalan, carecen de legitimidad electoral directa.
El sentimiento en el sur del país permanece firme. Los familiares denuncian que, además del dolor por las pérdidas, han tenido que enfrentar un «constante terruqueo» proveniente del gobierno central por ejercer su derecho a la protesta y exigir que sus votos y referéndums sean respetados.
La persistencia de la movilización cívica en Puno sugiere que el reclamo por justicia será un factor determinante en las próximas elecciones. La población mantiene una posición clara respecto a quiénes son los actores políticos que han obstaculizado el desarrollo de las investigaciones.
