La reapertura del caso de Priscila Bravo Álvarez por parte de la Fiscalía Superior ha sido calificada como un “jalón de orejas” a la instancia provincial por la Multisectorial de Mujeres. Así lo sostuvo su vocera, Fedra Rodríguez, quien señaló que la propia resolución fiscal reconoce errores procedimentales que llevaron al archivo del proceso en dos ocasiones, pese a la gravedad de los hechos y al tiempo transcurrido desde la desaparición de la joven madre de familia, ocurrida hace casi cuatro años.
“No podemos quedarnos calladas. Yo creo que debería haber ciertas sanciones también”, afirmó, cuestionando la inacción de los fiscales que inicialmente investigaron el caso, pese a las contradicciones detectadas en las declaraciones del principal sospechoso, Benjamín Batallanos.
La representante del colectivo femenino señaló que la inoperancia y lentitud de las autoridades permitieron que el caso se dilate por casi cuatro años sin resultados concretos. A su juicio, el archivo reiterado del expediente evidencia serias falencias en la conducción de la investigación y una falta de diligencia frente a indicios que, asegura, ya figuraban en el proceso.
Uno de los aspectos centrales abordados por Rodríguez es el cambio de tipificación del delito, que pasa de feminicidio a secuestro agravado. Explicó que esta modificación responde a una estrategia procesal ante la ausencia del cuerpo de la víctima, situación que podría ser utilizada por la defensa del imputado para solicitar nuevamente el archivo del caso. “Como no hay cuerpo y las leyes dicen que sin cuerpo no hay delito, han cambiado esta carátula para tener también mucho más tiempo”, precisó.
La Fiscalía ha dispuesto un plazo de 60 días, equivalentes a 40 días calendario, para la realización de nuevas diligencias a cargo de la Policía Nacional. No obstante, Rodríguez expresó preocupación por las limitaciones técnicas existentes en la región. Detalló que se ha solicitado el análisis de más de 18 teléfonos celulares, aunque Tacna no cuenta con la tecnología necesaria para este tipo de peritajes, lo que obliga a trasladar la información a Lima, proceso que puede tardar entre seis y ocho meses.
Asimismo, se realizarán nuevas pericias a prendas de vestir halladas anteriormente y que se encuentran bajo custodia policial. En cuanto a la geolocalización, Rodríguez recordó que ya existen pruebas en el expediente que contradicen la versión de Batallanos, quien afirmó encontrarse en Calana la madrugada de la desaparición, mientras que los registros de GPS lo ubican en Pocollay.
La vocera de la Multisectorial de Mujeres destacó que el colectivo mantiene contacto permanente con la madre y la hermana de Priscila, quienes residen en Iquitos. Recordó que la joven fue traída a Tacna por el investigado cuando tenía 14 años y sostuvo que Priscila, madre de familia, jamás habría abandonado a sus hijos, por quienes soportó años de presuntos abusos.
“La esperanza es lo último que vamos a perder”, afirmó Rodríguez, quien anunció que continuarán realizando vigilias los días 29 de cada mes. Además, informó que han solicitado una reunión con el nuevo general de la Policía para asegurar que la investigación avance de manera efectiva y no vuelva a ser archivada.
