El panorama político peruano enfrenta una nueva sacudida tras las revelaciones sobre las reuniones secretas del presidente de la República encargado, José Jerí, con empresarios chinos en un chifa de la capital, hecho que ha sido bautizado como el «Chifagate».
Para el exministro de Trabajo, Juan Sheput, lo que vive el país no es un hecho aislado, sino un «estado de corrupción permanente» que involucra a múltiples instituciones. Sheput sostiene que existe un sistema conformado por un Ejecutivo cuestionado, un Congreso que no fiscaliza, una fiscalía en conflictos internos y un Poder Judicial que evita intervenir.
«Si el señor Jerí fuera chino, viviera en la China y fuera funcionario público y hace lo que hace acá allá, ya le hubiera metido un balazo en la nuca, porque allá castigan con la pena de muerte a los funcionarios o que son corruptos o que tienen indicios de ser corruptos», aseveró el exministro.
Así, indicó que durante la gestión de Jerí, al menos 48 empresarios chinos han desfilado por Palacio de Gobierno, lo que sugiere un alineamiento de los intereses nacionales con capitales del país asiático. «Un presidente no puede rebajar su dignidad visitando al propietario de un chifa encapuchado como si fuera un delincuente», afirmó Sheput, calificando la situación de «vergonzosa».
Señaló directamente a partidos como Fuerza Popular, APP, Podemos, Somos Perú, Avanza País, Perú Libre y Renovación Popular de conformar un «pacto mafioso» para blindar al mandatario. Un ejemplo de esta actitud sería la frase del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien al ser consultado sobre las investigaciones a Jerí respondió: «Déjenlo, pues… le gusta el chifa», declaración que criticó Sheput por «demostrar pobreza política y moral».
Incluso denunció que este favorecimiento ha llegado al extremo de entregar infraestructura crítica, como centrales hidroeléctricas, a empresarios vinculados al rubro de los restaurantes. «En qué país del mundo el propietario de un chifa hace algo tan complejo como una hidroeléctrica», cuestionó, atribuyendo esto a un esquema de corrupción y falta de supervisión.
El análisis de Sheput no perdonó tampoco al Consejo de Ministros, al cual calificó como un conjunto de «pichiruchis» que solo son funcionales a los intereses del mandatario y del Congreso. Criticó además la «abogadización» del debate político, donde abogados de funcionarios cuestionados confunden a la opinión pública mientras el Estado, a través de una distorsión de la Ley Servir, paga las defensas legales de los corruptos.
«Los juicios duran 5 o 7 años porque no les cuesta su plata», denunció Sheput, calificando estas normativas como «leyes procrimen» que han permitido la formación de fortunas ilícitas bajo el amparo de la ley.
Sheput advirtió que la popularidad de Jerí es una «ficción de TikTok» que caerá irremediablemente. Ante una posible sucesión, mencionó a Mari Carmen Alba como una opción «correcta y honrada» que, a pesar de su carácter fuerte, no registra acusaciones de corrupción.
Según el exministro, si la ciudadanía elige nuevamente a «niños» o a «gánsteres de la política», el Perú estará condenado a convertirse en un «estado fallido». «El próximo Senado es el que va a mandar… si llega gente como César Acuña o José Luna, después no se quejen de que todo sigue igual», sentenció.
