Durante su reciente paso por la ciudad de Tacna, el general PNP (r) Alberto Jordán, candidato al Senado con el número 23 por Renovación Popular, fijó una postura frente al funcionamiento del penal de Challapalca en Tacna. Jordán señaló que el sistema penitenciario actual no está cumpliendo su función de aislamiento, convirtiéndose en un foco de inseguridad para las regiones que albergan estos recintos.
Para Jordán, la ubicación de Challapalca es contraproducente para la tranquilidad de Tacna. El candidato advirtió que el traslado de delincuentes peligrosos desde Lima, Trujillo y el extranjero trae consigo a sus «compinches», familiares y abogados, quienes se asientan en la región para estar cerca de los internos o recibir órdenes directas. Según el general en retiro, Tacna es una región comparativamente tranquila que no debería soportar la presencia de bandas organizadas que operan desde el interior del penal mediante el uso de tecnología como Starlink y teléfonos celulares.
En sintonía con las propuestas de Rafael López Aliaga, Jordán planteó una reforma drástica: el traslado de las cárceles de máxima seguridad a zonas remotas de la selva peruana, similares al antiguo penal del Sepa. «Se debe crear cárceles en sitios donde no se permita la población, a miles de kilómetros de distancia», afirmó, detallando que en estos centros los reos estarían sujetos a un régimen de trabajo obligatorio en la tierra. Esta medida busca romper el vínculo logístico entre los líderes criminales y sus organizaciones en las ciudades.
Otro punto clave de su plan es la reestructuración del control penitenciario. Jordán cuestionó la eficacia y la honestidad del actual Instituto Nacional Penitenciario (INPE), señalando que la presencia de televisores y celulares en las celdas es prueba de una corrupción sistémica.
Como alternativa, propone la creación de una Gendarmería especializada, inspirada en la antigua Guardia Republicana. Esta fuerza, que dependería del Poder Judicial, estaría conformada por agentes con una formación rigurosa de dos años, garantizando que el personal esté debidamente instruido y capacitado para evitar las filtraciones de objetos prohibidos y desmantelar el poder de las bandas dentro de las prisiones.
Finalmente, Jordán vinculó la crisis carcelaria con la falta de control en las calles. Propuso una política de cárceles primarias para evitar que jóvenes que cometen delitos menores terminen «experimentados» tras convivir con bandas criminales en los penales. Asimismo, enfatizó la necesidad de prohibir la venta ambulatoria de chips telefónicos, los cuales son utilizados desde las prisiones para extorsionar a la ciudadanía sin que exista una responsabilidad clara de las operadoras.
