El actual congresista y aspirante al Senado por Cooperación Popular advirtió que el desplazamiento de presos de alta peligrosidad hacia el sur del país solo expande el mapa delictivo. Propone la creación de penales aislados de máxima seguridad.
El parlamentario Carlos Zeballos Madariaga, actual candidato al Senado con el número 3 por el partido Cooperación Popular, expresó su firme rechazo a la política gubernamental de trasladar internos de alta peligrosidad hacia el penal de Challapalca, ubicado en la zona fronteriza entre Tacna y Puno. Durante una reciente entrevista con Radio Uno, el legislador señaló que el reciente envío de 100 reos y el anuncio del traslado de Eric Moreno Hernández, alias «El Monstruo», representan un peligro para la seguridad ciudadana del sur peruano.
Según Zeballos, el uso de Challapalca como una medida de amedrentamiento es ineficaz, ya que los delincuentes no llegan solos. El candidato explicó que, tras el traslado de un interno, la familia y el entorno delictivo se desplazan hacia la zona, lo que genera un incremento automático de las extorsiones y la delincuencia en las regiones receptoras.
Ante esta situación, el legislador informó que presentó un proyecto de ley para establecer que todo delincuente capturado en Lima sea juzgado y recluido permanentemente en la capital, evitando la descentralización del crimen. No obstante, denunció que dicha iniciativa fue archivada en la comisión que presidía el congresista Américo Gonza, de Perú Libre.
Como parte del plan de gobierno de Cooperación Popular, Zeballos propone una reestructuración del sistema penitenciario que incluye la construcción de dos centros de reclusión de alta seguridad en zonas de difícil acceso, donde el ingreso sea exclusivamente por vía aérea y un régimen de visitas estrictamente regulado conforme a la ley, asegurando que los delincuentes de alta peligrosidad no mantengan contacto con sus redes externas.
El congresista criticó la existencia de recintos como la Diroes y abogó por que los funcionarios corruptos sean trasladados a penales comunes de máxima seguridad donde «realmente sufran» la pena.
Zeballos fue enfático al proponer que los funcionarios que roban al Estado, afectando sectores críticos como salud y educación, sean procesados bajo la figura de traición a la patria con penas de cadena perpetua. «No podemos permitir que sigan existiendo cárceles doradas para los presidentes; la ley debe ser igual para todos», sentenció, tras cuestionar la falta de voluntad política del actual gobierno para implementar tecnología e inteligencia artificial en el control de los penales.
