Luego de tres días de protesta, los trabajadores ilegales de la región Madre de Dios, en el sur del país, aseguran que radicalizarán su postura si el Gobierno de Ollanta Humala no deroga las leyes que sancionan su actividad
Los mineros de Madre de Dios, a los que también se han unido los de la región norteña La Libertad y la andina Apurímac, comenzaron el lunes 5 de marzo su huelga para pedir la derogatoria de los decretos legislativos que penalizan sus actividades hasta con 10 años de cárcel.
Según los organizadores de la huelga, cuentan «con la solidaridad y respaldo de todas las autoridades locales del lugar» y de las comunidades nativas, campesinos y comerciantes. Sin embargo, la situación llevó al presidente de la Cámara de Comercio de Madre de Dios, Román Meza, a invocar el diálogo a las autoridades del Gobierno central y los mineros informales.
Meza aseguró, en un comunicado, que Puerto Maldonado fue «sitiada por más de 10.000 manifestantes que han obligado a cerrar los principales comercios y han paralizado la actividad productividad de la región». «Todos los negocios han sido obligados a cerrar. La vigilancia policial es escasa. Los dos mercados más importantes han sido cerrados. Además, los mineros amenazan con tomar la carretera con lo cual el panorama se agravaría mucho más», alertó.
El presidente de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), Luis Otzuka, señaló, en un comunicado, que sus afiliados «se mantienen firmes en su lucha», aunque manifestó su disposición a iniciar «un diálogo franco y sincero con el Gobierno central».
Según la Fedemin, las normas que ha dictado el Gobierno para combatir la actividad ilegal serán «letales para la pequeña minería» y coloca a los mineros ilegales «como vulgares delincuentes».
Otzuka asegura que su gremio agrupa a 50 mil mineros de Madre de Dios, región que genera aproximadamente 18 toneladas de oro al año. Según datos oficiales, la minería ilegal en el país mueve más de mil millones de dólares al año e involucra a unas 100 mil personas.
El dirigente afirmó que la paralización será radicalizada hasta que se deroguen los decretos y consideró que «el presidente Ollanta Humala le quita el derecho al trabajo al criminalizar y penalizar su actividad».
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) respondió que los pequeños mineros y los artesanales no deben preocuparse por las normas que sancionan a la minería ilegal.
El asesor del MEM Víctor Vargas aseguró que «no son correctas» las apreciaciones de la Fedemin, y reveló que la semana pasada se reunió con sus dirigentes para aclarar «que la decisión del Gobierno es fortalecer el proceso de formalización».
FUENTE: INFOBAE
