Tacna. La legalidad de los terrenos donde opera el penal de máxima seguridad de Challapalca vuelve a estar en el centro de la controversia. La ausencia del acta de donación que, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), le otorgaría el derecho de propiedad sobre el predio, ha abierto un serio cuestionamiento: ¿ocupa el Estado un terreno cuya transferencia nunca fue acreditada?
La polémica se reavivó en las últimas semanas luego de que el Ejecutivo dispusiera el traslado de cerca de cien internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, decisión que detonó el anuncio de un nuevo paro regional en Tacna fijado para el 4 de febrero. Sin embargo, el conflicto va más allá del traslado de reos y apunta al origen mismo del establecimiento penitenciario.
Comunidad campesina niega donación
Las comunidades campesinas del sector, en especial la comunidad campesina de Maure, han negado de manera reiterada haber donado tierras al Estado. Esta posición contradice la versión oficial del INPE, que sostiene que el predio fue entregado mediante donación comunal.
Como sustento, el INPE presentó ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) una declaración jurada, con la cual solicitó la independización y el traslado de dominio del terreno. En dicho documento, el jefe de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria del INPE declara bajo juramento que el derecho de propiedad deriva de una donación realizada por la comunidad campesina de Maure, supuestamente ratificada por su presidente, Marcial Máximo Laura Condori.
No obstante, el propio dirigente comunal ha sido enfático en negar haber firmado o ratificado cualquier acto de donación.
Para verificar la versión institucional, Radio Uno solicitó al INPE, el 12 de noviembre de 2024 y al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una copia del acta de acuerdo que habría formalizado la donación el 25 de enero de 2019. Pese a que la norma establece un plazo máximo de diez días hábiles para responder, la única comunicación recibida fue la derivación del pedido a la Oficina Regional Altiplánica de Puno. La respuesta final nunca llegó.
Ante el silencio administrativo, el caso fue elevado al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el Expediente N.° 03058-2025-JUS/TTAIP. Así, mediante la Resolución N.° 3581-2025-JUS/TTAIP, emitida el 5 de septiembre de 2025, la Primera Sala del Tribunal declaró fundado el recurso de apelación y dejó constancia de que el INPE no acreditó haber agotado la búsqueda del documento en su sede central.
El Tribunal ordenó además que el INPE encauce la solicitud hacia su sede principal y brinde una respuesta clara y completa, otorgando un plazo máximo de siete días hábiles para cumplir con lo dispuesto. A más de cuatro meses de emitida la resolución, el acta de donación sigue sin aparecer.
Documento no existiría
El 13 de agosto de 2025, mediante el Oficio D000316, el jefe del equipo de logística de la Oficina Regional Altiplánica de Puno informó que, tras una revisión exhaustiva de archivos físicos y digitales, no se encontró registro, copia ni antecedente alguno del documento solicitado. Además, precisó que dicha oficina no participó en la suscripción del supuesto acuerdo.
Este pronunciamiento refuerza la incertidumbre sobre la existencia real del acta mencionada en la declaración jurada presentada ante Registros Públicos. Al respecto y consultado por Radio Uno, el abogado penalista Alex Choquecahua advirtió que, si se confirma que un funcionario público consignó hechos falsos en una declaración jurada con efectos legales, podría configurarse responsabilidad penal.
El especialista explicó que una donación de terrenos no puede acreditarse mediante una simple declaración jurada, ya que se trata de un acto jurídico que exige formalidades específicas. Añadió que la responsabilidad no se limitaría al firmante del documento, sino que podría alcanzar a otros funcionarios que hayan tramitado o utilizado dicha información. Asimismo, precisó que el presunto delito no estaría prescrito y que una eventual sentencia podría permitir solicitar la nulidad de la inscripción registral del terreno.
En tanto, desde la comunidad campesina de Maure, la posición se mantiene invariable: no hubo donación de tierras.
Con una resolución firme del Tribunal de Transparencia, con una comunidad que niega haber entregado su territorio y con un documento clave que el propio INPE no logra ubicar, la pregunta central persiste: ¿Puede el Estado afirmar que es propietario de un terreno si no puede demostrar cómo lo obtuvo?
Mientras el INPE guarda silencio, el cuestionamiento se instala con fuerza en Tacna: ¿INPE invasor?
Bajo declaración jurada, el INPE asevera que la comunidad Maure donó el terreno que hoy ocupa el penal de Challapalca. Dicha versión a la fecha es tajantemente desmentida por el presidente de la comunidad, Marcial Laura, quien es mencionado en el documento que aduce el INPE para «demostrar» ser el propietario.
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