El abogado penalista Alex Choquecahua criticó el reciente Decreto Legislativo 1737, emitido por el Ejecutivo bajo facultades delegadas, y advirtió que la prohibición de redimir condenas mediante el trabajo o el estudio para sentenciados por crimen organizado representa un retroceso que convertirá los centros penitenciarios en focos de inactividad y potencial criminalidad.
Para Choquecahua, la esencia del sistema penitenciario debe ser la disciplina y la progresión del interno basada en su buena conducta. Al eliminar el beneficio de redención, se quita la principal motivación de los reclusos para participar en talleres o programas educativos. «¿Para qué voy a trabajar o estudiar si no voy a ganar ni siquiera un día de libertad?», cuestionó el especialista, señalando que esta medida «desocializa» al interno en lugar de contribuir a su reinserción.
El abogado explicó que, anteriormente, los delitos graves ya tenían restricciones severas, redimiendo un día de libertad por cada cinco, seis o siete días de labor. Al eliminar esto por completo, advirtió que los internos «van a estar de ociosos en sus celdas buscando la forma tal vez de extorsionar en la calle». Según su análisis, el decreto genera «cárceles más improductivas».
Choquecahua fue enfático al calificar las nuevas disposiciones sobre clasificación de internos y medidas estéticas —como el uso de uniformes rojos o el rapado de cabello— como «populacherismo político criminal»,. Argumentó que los criterios de clasificación en regímenes cerrados ordinarios y especiales existen desde 1994 y que estas reformas solo buscan el «aplauso del público» sin atacar la raíz del problema.
Asimismo, lamentó que la norma no distinga las realidades de la población penitenciaria. Mencionó, por ejemplo, que el 80% de las mujeres en prisión son «burriers» en situación de vulnerabilidad y no líderes de organizaciones criminales, por lo que aplicar un régimen de extrema dureza de forma generalizada hace que «justos paguen por pecadores»,.
A pesar de sus críticas, el letrado saludó la unificación del sistema penitenciario de adultos con el régimen de menores de edad, destacando que anteriormente ambas instituciones trabajaban de forma descoordinada a pesar de depender del Ministerio de Justicia.
Finalmente, Choquecahua concluyó que la lucha contra la inseguridad no se soluciona únicamente endureciendo las condiciones carcelarias o construyendo más penales, sino mediante una acción directa y eficiente de los operadores de justicia —Policía, Fiscalía y Poder Judicial— en la prevención y persecución del delito. «Este tipo de modificatoria, en vez de disminuir los índices de criminalidad, va a traer más
