El abogado penalista Alex Choquecahua calificó como un “desacierto del Ejecutivo” la reciente promulgación del Decreto Legislativo 1731, que crea el delito de requerimiento extorsivo en el artículo 200-A del Código Penal. Según el especialista, la norma, que entra en vigencia mañana, presenta fallas de técnica legislativa que podrían favorecer a delincuentes dedicados a la extorsión.
“Si bien de alguna forma ayuda a reprimir conductas punibles extorsivas, en otra forma beneficia a la delincuencia”, afirmó. El abogado explicó que el problema principal es que la misma pena —de nueve a doce años de prisión— se aplica tanto para el requerimiento indirecto o implícito como para el explícito. Esto reduce la sanción histórica de la extorsión directa, que antes podía alcanzar hasta 25 años de cárcel.
Choquecahua advirtió que la medida generará incertidumbre en los tribunales. “Se está bajando la pena para actos extorsivos directos y explícitos. Cuando los abogados de los extorsionadores vayan a juicio, van a argumentar que la norma más benigna debe aplicarse”, señaló, anticipando un posible efecto negativo en la lucha contra la criminalidad.
Aunque reconoció que tipificar los actos de extorsión indirecta —como dejar mensajes o símbolos de una organización criminal— es un avance, el especialista insistió en que la redacción del tipo penal actual es “un retroceso”. “Hubiera sido un acierto solo para actos indirectos o implícitos. Al incluir los pedidos directos, el legislador comete un error jurídico”, explicó el letrado.
Sobre posibles soluciones, indicó que será necesario emitir un nuevo decreto legislativo para corregir la norma. “Una simple fe de erratas no basta. Debe salir un nuevo decreto que modifique este error jurídico grave”, afirmó, esperando que el Ejecutivo ajuste la ley antes de que genere consecuencias negativas en la justicia penal.
Mientras tanto, la norma se aplicará a partir de mañana, y expertos en derecho penal advierten que su actual formulación podría disminuir la efectividad de la legislación en la represión de la extorsión directa, beneficiando involuntariamente a quienes cometen delitos evidentes y graves.
