Sectores representativos de Tacna han expresado su profundo malestar ante la inminente presentación del Plan de Seguridad Ciudadana por parte del Gobierno central. Tanto el Consejo Regional de Decanos (CONREDE) como el gremio de transportistas de carga pesada coinciden en que la estrategia gubernamental nace con serias deficiencias de legitimidad y operatividad.
Edgar Astete López, presidente del CONREDE Tacna, calificó de «bajas» las expectativas respecto al plan que el Ejecutivo ha postergado en reiteradas ocasiones. Según Astete, el documento no ha sido consultado con los Consejos Regionales de Seguridad ni con la población, ignorando el sentir técnico y ciudadano.
El representante de los colegios profesionales enfatizó que cualquier plan serio debería incluir la derogación de normas que «abrieron la puerta a la delincuencia» y un programa nacional de construcción de cárceles, en lugar de centralizar la crisis en penales específicos. «Parece haber una improvisación rápida que no dará muchos resultados», sentenció, subrayando la pérdida paulatina de confianza en la gestión presidencial.
«No somos escuchados»
Por su parte, el sector de transporte de carga pesada, uno de los más golpeados por el sicariato y las extorsiones, denunció haber sido excluido de la elaboración de la estrategia de seguridad. Dante Morales, dirigente del sector y cara visible del Frente de Defensa de Tacna, señaló que el Gobierno no ha establecido una «línea de base» consultando a los gremios que sufren asaltos constantes en puertos y carreteras.
Morales advirtió que los choferes están en una situación crítica y que las soluciones planteadas por algunos sectores, como el uso de chalecos antibalas para conductores, son inadecuadas frente a la necesidad de un control policial efectivo y puestos de seguridad alternativos en las vías.
Uno de los puntos de mayor fricción es el uso del penal de Challapalca para albergar delincuentes de alta peligrosidad provenientes de Lima. Morales informó que el Frente de Defensa de Tacna exige la reubicación de 98 presos trasladados en enero y el cese de nuevos envíos. Además, denunció la contaminación del río Maure por residuos del centro penitenciario.
Ante los rumores de nuevos traslados, las organizaciones de Tacna y Tarata se encuentran en alerta máxima. Se ha otorgado un plazo de siete días al Gobierno para activar una mesa de diálogo antes de emprender protestas de mayor envergadura en la zona de Challapalca, en coordinación con organizaciones de Puno.
La incertidumbre política también juega un rol crucial. Los dirigentes manifestaron sus dudas sobre la estabilidad de los ministros y del propio Ejecutivo, cuestionando la utilidad de dialogar con funcionarios que podrían ser removidos en el corto plazo. Mientras tanto, en Tacna, la sensación es de abandono: un plan que llega tarde, sin consenso y que, para muchos, no responde a la realidad de las regiones.
