Luego que el alcalde del distrito asegurara que ya estaban en marcha la recopilación de evidencias para sentar las denuncias respectivas por el colapso de los muros de contención de los Ríos Seco y Bravo, esta mañana el asesor legal de dicha comuna confirmó que ya se presentaron dos denuncias penales contra dos ex burgomaestres. Víctor Cabrera Zolla y Tito Zúñiga deberán afrontar investigación junto a funcionarios y representantes de empresas implicadas por delitos contra la administración pública.
Asesor legal de municipio albarracino confirmó que se presentaron denuncias contra dos ex burgomaestres de distrito
El asesor legal de la municipalidad de Gregorio Albarracín, José Menéndez confirmó a través de RADIO UNO que se ha cumplido con presentar dos denuncias penales contra dos de los ex burgomaestres de este distrito por el colapso de los muros de contención de los ríos Seco y Bravo que no soportaron la crecida de caudal en época de lluvias.
Según el letrado, estas denuncias fueron formalizadas los primeros días de marzo ante el Podre Judicial y será el Ministerio Público el que se encargue de realizar los peritajes respectivos a las obras que se ejecutaron durante la gestión de Víctor Cabrera Zolla y Tito Zúñiga, quienes deberán afrontar un proceso por varios delitos contra la administración pública.
“En coordinación con la Procuradoría Municipal se han recopilado pruebas para sustentar dos denuncias contra ex funcionarios, ex servidores y dos ex alcaldes. Se trata de Víctor Cabrera y Tito Zúñiga, durante cuyas gestiones se ejecutaron las obras de muros de contención en los ríos Seco y Bravo, estos muros han colapsado en su totalidad pero será el Ministerio Público el realice el peritaje y determinará a ciencia cierta los daños”, sostuvo el asesor legal.
Menéndez reveló que pese a reunirse –dijo- suficientes evidencias, una de las denuncias fue rechazada en el fuero judicial, por lo que tuvieron que presentar una apelación. Los delitos en los que estarían inmersos los dos ex alcaldes, funcionarios y empresas que participaron en la licitación de la obra serían negociación incompatible, aprovechamiento ilegal del cargo, colusión desleal, falsa declaración en el procedimiento administrativo y otros que devienen –dijo- en delitos contra la administración pública.