Tacna. La acusación fiscal presentada contra el alcalde del distrito de Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa Vilca, ha generado cuestionamientos luego de que el Ministerio Público solicitara 8 años, 9 meses y 6 días de pena privativa de libertad por presuntamente resistirse a la autoridad e impedir una diligencia policial utilizando su cargo.
La postura fue criticada por el abogado y exfiscal Hans Ríos, quien calificó el requerimiento como “absolutamente desproporcionado” y sostuvo que el pedido fiscal no estaría alineado con criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia del Perú en casos similares relacionados con el delito de resistencia a la autoridad.
Según explicó el especialista, la jurisprudencia del máximo tribunal señala que conductas como insultos, empujones o expresiones ofensivas contra efectivos policiales, si bien son reprochables, generalmente no ameritan penas tan elevadas, estableciéndose en algunos precedentes sanciones que no superan los tres años de prisión.
Uno de los elementos considerados por la Ministerio Público del Perú para sustentar la acusación es que el burgomaestre habría hecho prevalecer su condición de autoridad durante el incidente, lo que el fiscal del caso plantea como agravante.
Al respecto, Ríos sostuvo que identificarse como alcalde no debería ser interpretado automáticamente como una circunstancia agravante, sino que corresponde analizar el contexto en el que se produjo el hecho.
“Una cosa es decir ‘soy el alcalde’ para identificarse y otra muy distinta utilizar el cargo para interrumpir o impedir funciones policiales”, indicó el exfiscal, quien consideró que el caso podría haber pasado de un conflicto de naturaleza administrativa o política a un proceso penal de forma tergiversada.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía también ha solicitado la inhabilitación del alcalde como pena accesoria, medida que se aplicaría en caso de una eventual condena. Asimismo, se plantea el pago de una reparación civil inicial de 4,000 soles.
El abogado señaló que este monto podría incrementarse durante el proceso si el actor civil presenta nuevos argumentos o sustento económico ante el juzgado.
El caso ingresará ahora a la audiencia de control de acusación, etapa en la que el juez evaluará si el requerimiento fiscal cumple con los requisitos legales para pasar a juicio.
En dicha audiencia, se prevé que la defensa del alcalde cuestione el pedido del Ministerio Público basándose en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema, que —según el especialista— no habrían sido considerados en la acusación.
“Dependerá mucho de la habilidad procesal de la defensa para cuestionar este requerimiento”, concluyó.
Fiscalía formaliza acusación y pide más de 8 años de cárcel para alcalde Demetrio Cutipa
