Una audiencia judicial fue fijada en el proceso que involucra al alcalde del distrito de Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa Vilca, tras los incidentes registrados durante la diligencia de recuperación extrajudicial de un predio estatal ubicado en el sector 7 del distrito. El Ministerio Público, a través del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Alto de la Alianza, formalizó acusación contra la autoridad edil y contra el ciudadano José Luis Colque Torres por hechos ocurridos el pasado 5 de marzo.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el representante del Ministerio Público, Marco Antonio Mayta, solicita para ambos acusados una pena de 8 años, 9 meses y 6 días de prisión, al considerar que habrían incurrido en el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su modalidad agravada, durante el operativo que buscaba recuperar un terreno de propiedad del Gobierno Regional de Tacna.
El abogado Juan Carlos Huancapaza explicó que el predio en disputa se encuentra debidamente inscrito en los Registros Públicos a nombre del Gobierno Regional de Tacna, pese a que en el Plan de Desarrollo Urbano 2015-2025 se le asigna una zonificación como área de recreación pública. Según indicó, esta clasificación urbanística no modifica la titularidad del terreno ni extingue el derecho de propiedad del titular registral.
Asimismo, señaló que el Gobierno Regional, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, ejecutó una recuperación extrajudicial del predio, una facultad legal que permite al propietario retomar la posesión de un bien estatal ocupado. Durante dicha intervención se produjeron incidentes que derivaron en la detención en flagrancia del alcalde Cutipa y del ciudadano Colque Torres.
Según la acusación fiscal, los investigados habrían entorpecido el accionar policial, impidiendo la intervención de una tercera persona que presuntamente lanzó piedras contra maquinaria utilizada en el operativo. Este hecho es considerado por la Fiscalía como un acto de obstrucción a la función policial, lo que sustenta el pedido de pena privativa de libertad y una reparación civil.
De prosperar una eventual sentencia condenatoria, el alcalde de Alto de la Alianza podría enfrentar suspensión o incluso la pérdida del cargo, además de una posible inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el tiempo que dure la pena. El caso se encuentra actualmente en etapa de control de acusación, donde el Poder Judicial evaluará la procedencia del requerimiento presentado por el Ministerio Público.
