Seis integrantes del cuerpo de seguridad de la Municipalidad Provincial de Tacna, entre ellos cuatro agentes del Grupo de Intervención Rápida contra la Criminalidad (GIRAC) y dos efectivos de Seguridad Ciudadana, fueron detenidos tras ser denunciados por los presuntos delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
La intervención se produjo en horas de la madrugada de este viernes en el inmueble ubicado en la avenida Bolognesi 1597, conocido anteriormente como la «Ex Casa Embrujada», donde los agentes habrían ingresado a la fuerza durante una reunión privada.
El propietario del inmueble, identificado como Mauricio Defoudis (40), denunció que los efectivos forcejearon la reja principal de su domicilio para irrumpir en la propiedad sin contar con una orden judicial ni presencia policial.
Según el testimonio del agraviado, al percatarse del ingreso mediante las cámaras de seguridad y salir a increparlos, fue agredido físicamente con golpes de puño en el rostro. El médico legista ya confirmó una lesión en el labio superior del denunciante, quien además arrojó un resultado negativo en el examen de dosaje etílico.
Los detenidos han sido identificados como Roger Llanque Apaza (40), Yesenia Rosmery Choquehuanca Espinoza (31), Carlos Roberto Aguinaga Menéndez (44), José Luis Aduviri Nina (19), Luis Antonio Cano Martínez (41) y Juan Luis Cabrera Segura (65).
Todos ellos fueron trasladados inicialmente a la Comisaría Central y posteriormente puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia, donde permanecen bajo custodia mientras el Ministerio Público recaba los testimonios y analiza los videos de vigilancia de la vivienda que habrían registrado el incidente.
El caso ha generado una ola de críticas hacia la gestión del alcalde Pascual Güisa Bravo, cuestionándose la falta de capacitación del personal municipal y los protocolos de intervención en propiedades privadas.
Mientras el denunciante se prepara para brindar su declaración oficial, la fiscalía deberá determinar la situación legal de los seis agentes, quienes podrían enfrentar procesos penales por exceder sus funciones en lo que debió ser, a lo sumo, una exhortación por ruidos molestos desde la vía pública y no una incursión violenta en un domicilio particular.
