Según denunció la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Inspecciones realizadas a la doble vía Tacna – Boca del Río a cargo del Consorcio Vial Sama, de capitales chinos, revelan irregularidades que comprometen los derechos de cientos de trabajadores y podrían, de acuerdo al intendente regional de Sunafil, Eduardo Pérez Maldonado, posibles multas que alcanzarían el tope legal de 200 UIT, equivalente a más de un millón de soles.
El intendente informó que se han emitido ocho órdenes de inspección contra el Consorcio Vial Sama y la empresa CCN, responsables de la ejecución del proyecto. Según los hallazgos, cerca de 400 trabajadores no han sido incorporados al régimen de construcción civil, siendo contratados bajo condiciones menos favorables. Esta situación constituye una infracción muy grave que podría generar sanciones económicas significativas.
A ello se suman deficiencias en las condiciones laborales como ser la ausencia de comedores adecuados, falta de duchas, servicios higiénicos alejados y transporte deficiente para el personal. Cada una de estas faltas podría acarrear multas adicionales.
Las inspecciones también detectaron irregularidades administrativas. Las oficinas del consorcio habrían sido trasladadas a instalaciones provisionales sin condiciones adecuadas, lo que genera dudas sobre su capacidad operativa. Asimismo, se identificó la participación de empresas subcontratadas que no contarían con autorización de Provías Nacional, lo que podría derivar en sanciones contractuales e incluso en la resolución del contrato de la obra.
El problema no se limita a una sola obra. Proyectos a cargo del Gobierno Regional de Tacna presentan retrasos críticos debido al incumplimiento en el pago de valorizaciones. Entre las obras afectadas figuran instituciones como Miguel Grau, la Dirección Regional de Educación, Dominga Pérez, Luis Alberto Sánchez y Guillermo Auza Arce, donde se reporta malestar entre trabajadores y docentes.
Esta situación ha generado paralizaciones y protestas sindicales. Sunafil informó que los procesos de fiscalización tienen un plazo de hasta 30 días hábiles. Durante este periodo se evaluará el cumplimiento de obligaciones laborales, incluyendo planillas, aportes a salud y pensiones. Los resultados preliminares se conocerían a fines de marzo y serán determinantes para establecer las sanciones correspondientes a las empresas involucradas.
Mientras tanto, la entidad exhortó a las autoridades regionales a tomar acciones inmediatas mediante la conformación de un comité especial para evitar la paralización total de obras estratégicas y garantizar condiciones laborales dignas para los trabajadores.
