Moquegua.— El jefe de la unidad de investigación del diario Prensa Regional, Julio Farfán Valverde, afirmó que la reciente decisión del Ministerio Público de concluir la investigación contra la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala representa una validación del trabajo periodístico iniciado en 2023 sobre el denominado Caso “4×4”.
La medida, formalizada mediante la disposición 38-2026 por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, marca el cierre de la etapa investigativa y abre paso a la decisión fiscal de presentar acusación o archivar el caso.
En declaraciones recientes, Farfán sostuvo que las investigaciones revelaron una estructura organizada de presunto direccionamiento de contratos estatales, más allá de hechos aislados. Según indicó, uno de los principales implicados sería Luis Sanca Yury, vinculado al entorno familiar de la autoridad regional, quien habría operado mediante empresas fachada y testaferros para simular procesos de competencia en contrataciones públicas.
El periodista precisó que se identificaron al menos 26 casos de presunto direccionamiento, principalmente en servicios de alquiler de camionetas en la subregión Ilo.
Farfán cuestionó las declaraciones iniciales de la gobernadora, quien había negado tener una relación cercana con el empresario investigado. Sin embargo, aseguró que su equipo entregó al Ministerio Público material audiovisual y fotográfico que mostraría la presencia de Sanca Yury en reuniones familiares y actividades vinculadas a la autoridad regional, lo que —según indicó— contradice la versión oficial.
El jefe de investigación también denunció que durante el proceso enfrentaron amenazas de muerte y campañas de desprestigio, además de cuestionar la actuación inicial del fiscal Víctor Muñoz Leiva. En ese sentido, sostuvo que las investigaciones avanzaron progresivamente ante la presión mediática y la difusión de pruebas documentales.
Concluida la investigación, el Ministerio Público deberá determinar en los próximos días si formula una acusación formal contra los implicados o solicita el sobreseimiento del caso. Farfán remarcó que el objetivo de las denuncias ha sido contribuir a la fiscalización del uso de recursos públicos, reiterando el compromiso de su equipo con la transparencia en la gestión regional.
El caso continúa generando expectativa en Moquegua, donde la ciudadanía se mantiene atenta al desenlace judicial de una de las investigaciones más relevantes en materia de presunta corrupción en la región.
