Tras la difusión de audios que revelan presuntas campañas de desprestigio financiadas con fondos públicos, el Ministerio Público representado por el fiscal Salomón Cabrera Nieto incautó documentación en las áreas de Logística y Abastecimiento. El abogado Alex Choquecahua señaló que, de hallarse obstrucción, correspondería el allanamiento y la detención de los implicados.
En un operativo de oficio, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino hoy (lunes 6) las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), específicamente las oficinas de Alcaldía, Logística y Abastecimiento. La diligencia responde a la denuncia de presuntos pagos irregulares a comunicadores para ejecutar campañas de «demolición» contra la candidata a diputada Marcela Urteaga, basándose en audios que involucran a la jefa de Comunicaciones, Vanessa Mercado, y al locutor Juan Quispe Contreras.
Para el abogado la celeridad de la Fiscalía es un paso fundamental, pues existen claros indicios del delito de colusión desleal. Según explicó el jurista, es vital que el Ministerio Público haya acudido de inmediato para exigir la entrega de expedientes administrativos, órdenes de servicio y actas de conformidad.
«Esto es muy importante porque muchas veces los expedientes de contratación se tratan de maquillar o manipular cuando la Fiscalía los requiere meses después», advirtió Choquecahua. El abogado precisó que en este esquema, los funcionarios públicos responden como autores del delito, mientras que el particular (el locutor) actúa en calidad de cómplice.
Choquecahua fue enfático al señalar las consecuencias de una posible falta de colaboración por parte de los trabajadores municipales. De verificarse que la información está incompleta o que existe un intento de obstrucción a la justicia, la Fiscalía tiene la facultad de solicitar medidas gravosas.
«Si se encuentran actos de peligro procesal o falta de colaboración de los funcionarios, la Fiscalía, con evidencia, podría solicitar inclusive un requerimiento de detención preliminar, allanamiento e incautación judicial por la fuerza», subrayó el letrado. Asimismo, indicó que la investigación debe incluir la toma de declaraciones de todo el personal de Logística, la jefa de Comunicaciones y el locutor implicado.
La intervención se produce en un contexto de cuestionamientos por el manejo de 24 millones de soles en órdenes de servicio denunciados previamente por sindicatos. Según información vertida en el medio radial, se habrían detectado pagos de hasta 30,000 soles a un solo locutor por un programa, lo que levantó sospechas sobre «favores mediáticos» encubiertos.
Choquecahua sugirió que este caso podría ser solo «la punta del iceberg» y que la Fiscalía tiene la discrecionalidad de revisar no solo este expediente, sino todos aquellos donde se sospeche de irregularidades en el rubro de comunicaciones. Por ahora, el Ministerio Público ha procedido a levantar actas de incautación y se espera que en los próximos días el fiscal de turno brinde detalles sobre el análisis de los USB y equipos de cómputo que contendrían las pruebas de las coordinaciones para los ataques mediáticos.
