Tarata. En un claro abuso policial, el corresponsal de Radio Uno, Ysrael Rivera, fue intervenido y retenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) la mañana de este sábado 11 en la provincia de Tarata. El hecho ocurrió mientras cumplía con su labor de informar sobre los operativos de retiro de propaganda electoral realizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ODPE y la municipalidad local.
El incidente se produjo en la calle 28 de Julio, en las cercanías de un local partidario y a pocas casas de la Subprefectura de Tarata. Rivera se encontraba registrando en video el retiro de banderolas y publicidad política, una labor preventiva habitual antes de los comicios de este 12 de abril para garantizar la neutralidad cerca de los centros de votación.
Según el testimonio del periodista, un efectivo policial se le acercó al finalizar su grabación para solicitarle su Documento Nacional de Identidad (DNI) bajo el argumento de un «control de identidad». Pese a que Rivera entregó su documento sin resistencia, fue obligado a subir a una camioneta policial, donde permaneció retenido por más de 15 minutos bajo la excusa de que el agente «no tenía sistema» para verificar sus datos.
El efectivo involucrado en la intervención fue identificado como el suboficial de primera Jimy Ulloa Cossio. Durante la retención, Rivera denunció que el oficial mostró una actitud burlona y prepotente, llegando a cerrarle la puerta del vehículo de forma violenta a pesar de conocer que el periodista se encontraba con dolores producto de un accidente en su pierna izquierda. Incluso se reportó que el efectivo amenazó con denunciar al comunicador por supuesta difamación.
Fernando Rondinel, director de Radio Uno, expresó su total rechazo a este acto, señalando que cualquier ciudadano tiene el derecho de filmar y documentar las acciones de las autoridades en espacios públicos, más aún cuando se trata de un proceso democrático. A la vez destacó que Rivera es un ciudadano ampliamente conocido en Tarata, donde se ha desempeñado como juez de paz, por lo que la intervención carecía de cualquier sospecha de delito.
Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría del Pueblo, bajo la gestión de Edward Vargas Valderrama, mediante una representante en la zona habría ya dispuesto constatar lo ocurrido. No obstante, se informó que inicialmente los efectivos policiales intentaron impedir que la delegada de la Defensoría se acercara al periodista retenido.
El sistema de noticias de la emisora se mantiene en alerta ante lo que consideran un atentado contra la libertad de prensa y los derechos ciudadanos fundamentales en el marco de las elecciones generales.
