Tras la formalización de la denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y la detención del gerente José Samamé Blaz, el analista jurídico Hans Ríos señaló que existen indicios relevantes que podrían comprometer a la alta dirección del organismo electoral.
El especialista sostuvo que, debido a la magnitud del caso, era previsible que las investigaciones alcanzaran a la jefatura de la institución, al tratarse de decisiones administrativas de alto nivel.
Uno de los puntos más críticos, según indicó, es la contratación de la empresa Gálaga, sobre la cual —afirmó— existen indicios de presunta colusión y corrupción de funcionarios. Recordó que la Contraloría había advertido previamente que dicha empresa no contaba con la capacidad logística necesaria y que incluso presentaba antecedentes de sanciones; sin embargo, pese a ello, la ONPE procedió con su contratación.
Ríos subrayó que este tipo de decisiones requiere la autorización de los más altos cargos, por lo que, de comprobarse la participación directa en el proceso, la situación legal de la jefatura podría agravarse.
En relación con la estrategia de defensa del gerente detenido, quien habría atribuido responsabilidades a un subgerente, el especialista explicó que este tipo de señalamientos no excluye la responsabilidad administrativa ni penal de los superiores, especialmente si sus funciones incluyen supervisión y dirección, de acuerdo con los documentos internos de la entidad.
Asimismo, advirtió que la falta de comunicación oportuna a otras instancias del sistema electoral sobre eventuales irregularidades podría configurar un caso de omisión de funciones, dependiendo del marco normativo aplicable.
Respecto a la permanencia del jefe de la ONPE en el cargo, Ríos consideró que una eventual renuncia inmediata podría generar inestabilidad en el proceso electoral en curso. No obstante, estimó que las investigaciones en desarrollo podrían derivar en cambios en la conducción de la institución en los próximos meses.
Finalmente, el especialista advirtió que este caso podría tener repercusiones en la percepción internacional sobre la institucionalidad electoral del país.
