El abogado y exdirigente del Sutep Tacna, César Málaga Aldana, calificó como un hecho histórico la reciente promulgación de la Ley N.° 32581, publicada en el diario oficial El Peruano, la cual establece la nivelación de pensiones para docentes cesantes y jubilados del país.
Málaga sostuvo que esta norma representa una medida de justicia social largamente esperada por el magisterio, tras años de lucha sindical. “No se trata de un privilegio, sino de corregir una situación injusta que ha mantenido a miles de maestros en condiciones precarias”, afirmó.
La ley dispone que los docentes retirados, independientemente del sistema previsional al que pertenezcan —AFP, Decreto Ley 19990 o 20530—, perciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, actualmente fijada en 3,500 soles.
Según explicó Málaga, las pensiones actuales oscilan entre los 400 y 1,050 soles, por lo que la aplicación de la norma significará un incremento sustancial en los ingresos de aproximadamente 280,000 docentes a nivel nacional. “Con esta ley, los maestros jubilados pasarán a percibir lo mismo que un profesor activo en su escala base”, detalló.
Frente a las críticas por el impacto fiscal, el abogado enfatizó que existen precedentes en otros sectores del Estado. “Esto no es un privilegio del magisterio. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ya cuentan con beneficios similares, incluso con un costo mayor para el erario”, precisó.
Respecto al proceso de aprobación, Málaga reveló que la iniciativa enfrentó resistencias políticas, pero logró concretarse gracias a la presión social y al respaldo de diversas autoridades. En ese sentido, destacó la intervención del gobernador regional de Tacna, Luis Torres, quien solicitó formalmente el debate del proyecto ante el Congreso.
En cuanto a la implementación, indicó que la ley aún no cuenta con un presupuesto asignado, aunque aseguró que los recursos existen y deberán ser redistribuidos en el marco del presupuesto general del año 2027. Asimismo, recordó que el Poder Ejecutivo dispone de un plazo de 90 días calendario para reglamentar la norma.
“El Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación deben articular esfuerzos para garantizar su ejecución desde inicios del 2027”, concluyó Málaga, exhortando además a los docentes a considerar el compromiso de los candidatos políticos con esta medida en el actual contexto electoral.
