El ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay advirtió que la decisión del presidente José María Balcázar de suspender la adquisición de 24 aviones de combate F-16 coloca al país en una situación de “orfandad de seguridad y defensa”, y advirtió posibles riesgos para la integridad territorial y la relación estratégica con Estados Unidos.
El exministro calificó como una “confusión enorme” la postura del Ejecutivo, al señalar que se estaría interpretando de manera equivocada el presupuesto de defensa frente a las necesidades sociales del país. Rodríguez Mackay sostuvo que la Fuerza Aérea del Perú atraviesa un escenario crítico, al considerar que su flota actual de aeronaves MIG-29 y Sukhoi se encuentra “obsoleta”.
“No sirven ni para sobrevolar la línea de Nazca”, afirmó, al tiempo de advertir que el país ha perdido capacidad disuasiva frente a otras naciones de la región, como Chile, que cuenta con aviones F-16 desde hace años.
El ex canciller comparó la situación actual con escenarios históricos de vulnerabilidad regional y sostuvo que el Perú se encuentra en desventaja estratégica en materia de defensa aérea.
El especialista señaló que la decisión del Gobierno habría generado una crisis política con la renuncia del ministro de Defensa, Díaz Daño, y del canciller Hugo de Zela Martínez, quienes —según indicó— habrían dejado sus cargos por no respaldar el retroceso en una política de Estado previamente aprobada.
Asimismo, advirtió que el país podría perder alrededor de 50 millones de dólares ya invertidos en gestiones administrativas vinculadas al proceso de compra, debido al vencimiento de plazos establecidos.
Rodríguez Mackay también alertó sobre el impacto diplomático de la decisión, señalando que la participación del embajador de Estados Unidos en el proceso evidencia la importancia estratégica del acuerdo.
En ese sentido, sostuvo que la suspensión de la compra podría generar un enfriamiento en la relación bilateral con Washington, principal aliado extra OTAN del Perú.
Finalmente, el ex canciller enfatizó que las decisiones en materia de defensa deben adoptarse con visión de Estado, priorizando la seguridad nacional y la integridad del país.
