El abogado penalista Juan Curo reveló que uno de los implicados en el atentado armado contra su vida ocurrido en octubre de 2024 habría entregado a la fiscalía y a la policía información detallada sobre la organización criminal involucrada en el caso, incluyendo nombres, direcciones y funciones de los presuntos responsables; sin embargo, denunció que hasta el momento no se han realizado nuevas capturas.
Las declaraciones fueron realizadas luego de que el caso fuera reclasificado oficialmente como sicariato el pasado 5 de mayo. Según indicó el letrado, Alejandro Lara Chugnas —actualmente recluido en un penal de Pocollay— se comunicó con él telefónicamente en dos oportunidades para informarle que viene colaborando con las autoridades bajo la figura de colaboración eficaz.
De acuerdo con Curo, Lara Chugnas aseguró haber proporcionado datos precisos sobre la estructura criminal que habría organizado el atentado. “Él me dijo que ya dio nombres y direcciones exactas. Incluso señaló que uno de los involucrados trabaja en un car wash en la entrada del Cono Sur”, afirmó el abogado, quien cuestionó duramente la aparente falta de acción de las autoridades pese a contar con dicha información desde hace varios meses.
Las investigaciones habrían permitido identificar a presuntos autores intelectuales vinculados a mafias dedicadas al tráfico de terrenos, conocidos con los alias de “JJ” y el “gordo Chara”. Asimismo, dentro del grupo operativo figurarían Lara Chugnas, un sujeto apodado “José”, además de los extranjeros conocidos como “Fas Chamo” y “Jens”, este último señalado como quien habría efectuado los disparos.
Según la versión revelada por el abogado, el atentado habría sido ordenado para impedir su participación en una diligencia de constatación relacionada con tráfico de terrenos. La investigación sostiene además que se habría ofrecido un pago de 30 mil soles por asesinarlo, aunque solo se habría entregado un adelanto de 15 mil soles debido a que el ataque no logró concretar el homicidio.
Juan Curo también denunció encontrarse en situación de vulnerabilidad, pese a existir una orden judicial que disponía resguardo policial permanente. Indicó que la vigilancia solo se cumplió durante 14 días y que actualmente debe costear seguridad privada con recursos propios tras detectar presuntos actos de reglaje alrededor de su vivienda.
El abogado solicitó públicamente la intervención del general de la región policial y del presidente de la Junta de Fiscales de Tacna, al considerar que existiría un “retardo premeditado” en las diligencias para capturar al resto de implicados.
Finalmente, advirtió que la vida de Lara Chugnas también correría peligro dentro del penal tras haber revelado información sobre la presunta organización criminal.
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