La defensa legal de la Asociación Gran Complejo Agrocomercial de Productos de Primera Necesidad Directo del Altiplano anunció que presentará denuncias penales contra el alcalde distrital de Alto de la Alianza, general de la Policía Nacional, jefe de la Divupus y comisario de la jurisdicción, al considerar que el operativo ejecutado para impedir la instalación de comerciantes en la calle Jirón de la Unión habría vulnerado procesos judiciales actualmente en trámite.
El abogado Juan Curo afirmó que la intervención constituye un presunto caso de avocamiento ilegal, al sostener que existen procesos pendientes de resolución ante el Poder Judicial relacionados con la permanencia de los comerciantes en la zona. Según explicó, la asociación mantiene vigente un tercer proceso de amparo, presentado el 4 de junio de este año, además de un proceso de interdicto admitido el pasado 7 de mayo.
Señaló que, mientras dichas causas continúen en trámite, ninguna autoridad administrativa debería intervenir sobre la materia en discusión. «Desde el momento en que un proceso es admitido, la autoridad debe abstenerse de actuar hasta que exista un pronunciamiento judicial», sostuvo.
Curo también cuestionó la ordenanza municipal que declara zona rígida el lugar y sustenta las restricciones al comercio ambulatorio, indicando que fue aprobada durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y que sus fundamentos habrían perdido vigencia tras el levantamiento de dichas medidas.
Afirmó que el objetivo de las acciones judiciales es proteger el derecho al trabajo de los comerciantes, quienes —según indicó— desarrollan actividades en la zona desde hace más de 16 años. Respecto al traslado de los feriantes al terreno denominado «La Zanahoria», el abogado negó que exista un acuerdo entre la asociación que representa y la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza.
Precisó que la presidenta de la organización, Blácida Cahuana, no ha sostenido reuniones con funcionarios municipales y cuestionó la capacidad del nuevo recinto para albergar a todos los comerciantes. Según indicó, el espacio ofrecido solo permitiría reubicar a una parte de los integrantes de la asociación, dejando sin alternativa a varios centenares de vendedores.
Finalmente, Curo sostuvo que el proceso judicial no busca obtener la posesión de la vía pública, sino que se respete el debido proceso y sea el Poder Judicial el que determine la legalidad o no de la permanencia de los 1000 comerciantes en el Jirón de la Unión durante los días de feria.
Los sacan del Jirón de la Unión e insisten en ocupar la vía pública
