La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las protestas registradas en los sectores de Camiara e Ite y advirtió que la situación podría derivar en un conflicto social si las autoridades no instalan una mesa de diálogo para abordar la controversia generada por la observación del proyecto de ley N.° 11658.
El representante de la Defensoría del Pueblo en Tacna, Eduardo Vargas Valderrama, informó que un equipo de cuatro integrantes se trasladó a ambas zonas tras tomar conocimiento de las medidas de protesta. En Ite constataron el bloqueo de un canal y la concentración de aproximadamente 300 pobladores de la provincia de Jorge Basadre.
Según indicó, la institución exhortó a los manifestantes a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, evitando afectar el orden público y los derechos de terceros, especialmente porque la restricción del suministro de agua puede tener repercusiones en la población de la provincia de Ilo.
Vargas señaló que los manifestantes permanecían a la expectativa de los resultados de las gestiones que realizan sus autoridades en Lima y lamentó que el problema haya llegado a este nivel de tensión. En ese sentido, consideró necesario que las autoridades de Tacna y Moquegua se sienten a dialogar con sustento técnico, legal y político para evitar una mayor escalada del conflicto.
Durante la supervisión también se verificó la llegada de un contingente de unos 40 efectivos policiales, quienes esperaban la presencia de la prefecta y del Ministerio Público para intervenir ante la medida de fuerza.
Por su parte, desde Moquegua, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional, Saúl Herrera, anunció que se evalúan acciones legales contra los manifestantes al considerar que el bloqueo y la interrupción del servicio de agua podrían configurar el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, previsto en el artículo 283 del Código Penal.
