Moquegua.- El Poder Judicial dictó una condena de ocho años de pena privativa de la libertad efectiva contra tres exfuncionarios de la División Médico Legal de la provincia de Mariscal Nieto, tras hallarlos responsables del delito de colusión agravada en el proceso conocido como la “Morgue de la Corrupción”.
El adelanto de fallo fue emitido por el magistrado Antonio Talavera Altamirano y alcanza al exjefe de Medicina Legal, Luis Eric Valencia Ávalos; al exadministrador de la institución, Juan José Quevedo Paz; y a Fabiola del Carmen López Herrera, quien también laboraba en dicha dependencia.
De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Emilio Salas Apaza, los ahora condenados habrían participado en acuerdos colusorios relacionados con la contratación y alquiler del inmueble donde funcionaba la morgue.
Como parte de la sentencia, el órgano jurisdiccional estableció además una reparación civil cercana al medio millón de soles, monto que deberá ser asumido de manera solidaria por los tres sentenciados. En el mismo proceso, Erika Flores, quien anteriormente era propietaria del inmueble, fue absuelta al no encontrarse elementos suficientes que acreditaran su participación en el acuerdo ilícito.
En diciembre de 2024, los procesados habían sido condenados a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de negociación incompatible. Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones dejó sin efecto aquel fallo al advertir una incongruencia jurídica, debido a que la acusación fiscal correspondía al delito de colusión agravada y no al de negociación incompatible.
Tras la anulación, se ordenó que un nuevo magistrado emitiera un pronunciamiento sobre el caso, procedimiento que finalmente derivó en la condena de ocho años anunciada recientemente.
El fiscal Salas Apaza precisó que lo comunicado corresponde a un adelanto de fallo y que la lectura íntegra de la sentencia se realizará dentro de un plazo de entre 10 y 15 días. A partir de ese momento, las partes podrán conocer los fundamentos completos de la decisión y determinar si presentan los recursos de apelación correspondientes.
Por ahora, la ejecución de la pena queda supeditada a que la sentencia adquiera la condición de consentida o ejecutoriada, conforme al desarrollo de las etapas procesales pendientes.
