El abogado Néstor Pari cuestionó las últimas decisiones adoptadas en torno al proyecto del Fundo Chololo y sostuvo que existirían indicios de un presunto favorecimiento al denominado grupo Los 13 del Chololo en el proceso relacionado con este terreno.
Calificó como una “pantomima” la reciente movilización de comerciantes que respaldan el proyecto del mercado mayorista y negó que los referidos representen a la mayoría de comerciantes del Mercado Grau. Pari afirmó que la marcha habría comenzado con un reducido número de participantes y que posteriormente se sumaron otras personas durante el recorrido.
Según su versión, el objetivo habría sido generar la percepción de un amplio respaldo al proyecto. El abogado sostuvo además que existirían personas vinculadas directa o indirectamente con el gobernador regional Luis Torres Robledo y el alcalde provincial Pascual Güisa.
“Se está pretendiendo favorecer a un grupo que tiene relaciones directas o indirectas con el gobernador y el alcalde”, afirmó.
Uno de los principales cuestionamientos formulados por Pari está relacionado con la presunta ausencia de un expediente técnico para el proyecto. El abogado señaló que esta situación ha sido advertida previamente por la Contraloría General de la República y cuestionó que, pese a ello, la asesoría legal de la Municipalidad Provincial de Tacna haya emitido un informe favorable respecto al cumplimiento de los requisitos.
Pari consideró que, de confirmarse irregularidades en la documentación, podrían determinarse responsabilidades administrativas o penales. El letrado también recordó que el Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible, relacionados con el proceso del Fundo Chololo.
Entre las personas comprendidas en la investigación figuran el gobernador regional Luis Ramón Torres Robledo, el alcalde provincial Pascual Güisa Bravo, además de Jonathan Jorge Río Morales y Nora Victoria Morales Liendo.
Finalmente, el abogado informó que cuentan con audios, capturas y otros elementos que, según sostuvo, podrían aportar a las investigaciones. Indicó que estas evidencias serían canalizadas a través de la Procuraduría Anticorrupción o de los dirigentes del Mercado Grau, con el objetivo de que sean evaluadas por las autoridades competentes.
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