La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su preocupación por el Proyecto de Ley N.° 00043/2026-2031-CD, presentado por el diputado Aldo Antonio Bravo Quispe, de Renovación Popular, que plantea penalizar la denominada “apología al delito agravado” durante situaciones de crisis política o conflictos sociales.
Según la ANP, la propuesta podría generar riesgos para la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio periodístico debido al uso de conceptos considerados amplios e imprecisos, como “justificar”, “legitimar” o “generar un riesgo”. La organización advierte que una interpretación extensiva de estos términos podría alcanzar contenidos periodísticos protegidos y generar escenarios de autocensura.
El gremio periodístico remarcó que informar sobre hechos violentos no significa promoverlos. Recoger testimonios, reproducir declaraciones de dirigentes, documentar enfrentamientos o cubrir conflictos sociales constituye parte de la labor informativa y no debería confundirse con la incitación o legitimación de la violencia. Por ello, sostiene que cualquier nueva regulación debe establecer claramente esta diferencia.
Otro punto cuestionado es que el proyecto considere como agravante el uso de medios de comunicación y plataformas digitales, incluyendo referencias a comunicadores y líderes de opinión. La ANP también expresó preocupación por las facultades vinculadas a investigaciones penales que podrían involucrar la exhibición o incautación de dispositivos electrónicos y archivos digitales, debido al riesgo que esto representaría para el material periodístico, las investigaciones en curso y el secreto profesional.
Finalmente, la ANP sostuvo que la iniciativa podría terminar afectando derechos fundamentales como la libertad de opinión, expresión y protesta. El gremio considera innecesaria una ampliación imprecisa del poder punitivo del Estado, debido a que el ordenamiento jurídico peruano ya contempla mecanismos para sancionar la instigación a cometer delitos, la apología y otras conductas violentas. Para la organización, la lucha contra la violencia no debe convertirse en una herramienta que limite indebidamente las libertades informativas.
