Una investigación por la presunta comercialización de respuestas de un examen de ascenso de suboficiales de la Policía Nacional, denunciada en octubre de 2015, terminó archivada. El caso fue denunciado en su momento por del comandante (r) Luis Reynaldo Guevara Campos, quien expresó su rechazo a la decisión. Mencionó que las investigaciones fueron dilatadas y los fiscales permitieron que vencieran los plazos para acceder a información bancaria.
Guevara Campos alertó — en octubre de 2015— sobre la presunta venta del patrón de respuestas del examen de conocimientos para la promoción de suboficiales 2016. De acuerdo con las primeras indagaciones fiscales, las plantillas con las respuestas habrían sido comercializadas a S/ 2,000 por cada postulante.
Entre los investigados figuraba el mayor Carlos Alberto Cueva Quispe, señalado por el denunciante como presunto responsable de comercializar las respuestas. También se investigaron movimientos bancarios vinculados a la suboficial especialista en informática Elvira Coveñas León Macedo, quien se desempeñaba como coordinadora nacional de la evaluación. Según la denuncia, su cuenta registró depósitos por más de S/ 60 mil en tres días.
La controversia se reavivó tras la Disposición Fiscal N.° 7, del 26 de agosto de 2026, mediante la cual el fiscal Ludwin Ismael Flores Valdivia, del Tercer Despacho Corporativo de Tacna, determinó que no correspondía formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra el exministro del Interior y exdirector general de la PNP Vicente Romero Fernández, señalado por Guevara como presunto cabecilla de la organización denominada “Los Plagiarios de la Policía”.
El excomandante cuestionó que el pedido para levantar el secreto bancario de algunos implicados se haya realizado recién en 2026, más de una década después de los hechos. Sostiene que esta demora impidió acceder a información financiera que, según su versión, podía resultar relevante para esclarecer la denuncia.
Guevara Campos sostuvo además que sufrió consecuencias por haber denunciado las presuntas irregularidades. Afirmó que fue pasado al retiro de manera forzosa en 2016, pocos meses después de formular su denuncia. El exoficial anunció finalmente que acudirá a la Defensoría del Pueblo en Tacna para presentar una denuncia de carácter sumarísimo contra lo que considera una actuación irregular de las autoridades fiscales y judiciales.
