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Contraloría advierte que Policlínico Municipal de Tacna opera de forma irregular y sin autorización de la DIRESA

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La Contraloría General de la República, mediante el Informe de Visita de Control N° 025-2026-OCI/0472-SVC, alertó que el Policlínico Municipal de la Municipalidad Provincial de Tacna presta servicios de salud sin contar con la debida comunicación de inicio de actividades ni la autorización sanitaria expedida por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Tacna. Esta irregularidad pone en riesgo la continuidad de las prestaciones médicas y compromete los estándares de calidad dirigidos a la ciudadanía usuaria.

Según el órgano de control, la comuna provincial inició el trámite ante la DIRESA en agosto de 2025; no obstante, el personal sanitario formuló observaciones de infraestructura, equipamiento y personal que nunca fueron subsanadas a pesar de los plazos y prórrogas concedidas. Por este motivo, el expediente administrativo fue formalmente archivado en enero de 2026 y, a la fecha, no existe ningún procedimiento vigente para regularizar el recinto.

Durante la inspección presencial efectuada el 18 de agosto de 2026 en la sede ubicada en la avenida Manuel A. Odría, la comisión auditora constató que el establecimiento únicamente posee licencia de funcionamiento municipal. Además, se verificó que figura con estado de «baja provisional» en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS) y carece de categorización formal.

A pesar de no tener el aval del sector salud, el policlínico continuaba atendiendo al público en labores orientadas a la emisión de carnés sanitarios, realizando exámenes médicos, triajes y tomas de muestras para laboratorio con apenas un médico contratado bajo la modalidad de locación de servicios.

Frente a este escenario, la Contraloría notificó formalmente los hallazgos al alcalde provincial, Pascual Milton Güisa Bravo, a través del Oficio N° 000855-2026-CG/OC0472. La entidad edil dispone de un plazo improrrogable de cinco días hábiles para presentar un plan de acciones correctivas y preventivas que garanticen la legalidad y seguridad del servicio asistencial.